Introducción

El interés por la preservación patrimonial es el resultado de un largo derrotero cuyo principio podemos situar con el inicio de la modernidad (Choay, 1992) y el surgimiento del término “monumento” en el Renacimiento, del cual deriva su condición evocadora, para posteriormente completar esta terminología con adjetivaciones que derivan de las dimensiones valorativas consideradas en diferentes momentos históricos. Dichas valoraciones definieron los bienes a preservar bajo la noción de monumentos, en sus variantes: artísticos, históricos, nacionales; o enmarcadas en el término de antigüedades, que bien explica Choay (1992) en su obra la Alegoría del Monumento. Estas terminologías impregnaron, hasta entrado el siglo XX, el campo patrimonial sesgado a un conjunto de bienes de naturaleza material que obedecían a ciertos criterios estéticos, históricos o científicos, a la luz de la mirada experta, erudita. Historiadores, historiadores de arte, críticos, arquitectos, arqueólogos fueron quienes desde un primer momento se interesaron y ocuparon de este espacio de conocimiento y de actuación-gestión, limitado a los bienes materiales propios de estas disciplinas.

En la segunda posguerra emergió la noción de bien cultural, expresada en la Convención de la Haya para la Protección de Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado (UNESCO, 1954), y unas décadas más tarde se definió el término patrimonio cultural en la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (UNESCO, 1972). La incorporación de los términos bien cultural y patrimonio cultural supuso el desplazamiento de esa mirada objetual hacia otra atenta al significado condensado en determinadas expresiones culturales como referentes de identidades.

Estas nuevas definiciones ampliaron el arco de manifestaciones culturales plausible de considerarse patrimoniales, ya no solo se contemplan los bienes materiales representativos de determinadas culturas o tiempos históricos, sino que refieren a aquellas expresiones que asumen un carácter significativo y subjetivo, en clave de sus propios contextos socio históricos. Durante el siglo XX el aporte de las ciencias sociales, tales como la antropología y la sociología, resultaron claves en la actualización del término de patrimonio cultural, asociado a la renovación de la definición del término cultura. Ello permitió aproximaciones más complejas a los procesos de selección y valoración patrimonial y a la inclusión de las manifestaciones inmateriales como parte de este repertorio. La mirada “objetivista” del patrimonio, se enriqueció y amplió hacia nuevas categorías, y el nuevo significado que asumió lo patrimonial definió nuevos modos de aproximación teóricos, actualización en las prácticas e intervenciones, en las formas de legitimación, en los modos de activación y apropiación, como también en los usos políticos del patrimonio. En la actualidad, se comprende que el patrimonio cultural es el resultado de operaciones de valoración, activación y selección, en función de la capacidad que tienen determinados bienes o expresiones de representar simbólicamente identidades de diferentes colectivos sociales, y por ello se decide preservar y transmitir como legado. Es decir, se trata de una “construcción social” (Prats, 1992), el patrimonio no existe per se, sino a partir de una intencionalidad social que alienta la “apropiación” de ciertos repertorios culturales (Olmos, 2008), no existe en la naturaleza, ni en todas las sociedades y cambia según los períodos históricos y los contextos culturales.

Estas renovadas interpretaciones, alentadas principalmente en diferentes reuniones académicas y científicas, fueron incorporadas, desde hace ya unas décadas, en numerosos documentos regionales e internacionales. Convenciones, cartas y recomendaciones, han explicitado nuevas dimensiones y, consecuentemente propuesto diferentes medidas para abordar la diversidad de aristas que debe asumir la gestión de los diferentes patrimonios. Asimismo, se generaron instituciones y ampliaron los marcos normativos de tutela patrimonial. En este contexto, en el año 2003 se aprobó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO), por la cual se lo definió en su artículo 2° como: “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.” A continuación, se completa dicha definición describiendo las características esenciales a estas expresiones, su carácter, trascendente, dinámico, siempre actual, sujeto a los procesos sociales y en relación con su entorno y contexto temporal:

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

Entendido de esta manera, el patrimonio cultural, en sus distintas formas, emerge en los territorios como puente entre los sujetos y los escenarios simbólicos que inciden en la apropiación social de las memorias. El proceso de apropiación simbólica y material asumido de manera comunitaria, contribuye a tejer alianzas, a asumir compromisos sociales compartidos y, de este modo, garantizar su sustentabilidad a largo plazo.

Esta Convención explicita las bases para la implementación de nuevos modelos de gestión que hasta el momento no se habían aplicado en los procesos formales de legitimación patrimonial. Específicamente en su artículo 15, refiere a la participación comunitaria e individual, que los Estados Partes de la Convención deben propiciar en las actividades de salvaguardia[1] del PCI, como también en la necesidad de asociar a los actores comunitarios en la gestión de los mismos. Asimismo, en las Directrices Operativas para la aplicación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2016) el capítulo III dedica su texto a la participación en el proceso de presentación de una expresión inmaterial para su eventual incorporación a la Lista del Patrimonio Mundial. Recordando el Artículo 11.b de la Convención y en consonancia con el espíritu de su Artículo 15, el Comité alienta a los Estados Partes a que establezcan una cooperación funcional y complementaria entre las comunidades, grupos y, si procede, individuos que crean, mantienen y transmiten el patrimonio cultural inmaterial, así como entre expertos, centros de competencias e institutos de investigación.

Se contempla la participación de la comunidad ya sea en forma grupal o individual en las tareas de identificación, inventarios, en la elaboración y ejecución de los diferentes planes y proyectos, como también en la formulación de postulaciones, a lo que agrega la exclusión de un bien de la lista o el traspaso a otra.[2]

En consonancia con estos aportes, se han desarrollado una serie de proyectos en la provincia de Corrientes, y particularmente en la región del Iberá, en torno a prácticas de reconocimiento y revitalización del patrimonio cultural inmaterial. Dichas experiencias se sustentan en metodologías dinamizadoras de prácticas participativas en los procesos de identificación y legitimación comunitaria del patrimonio cultural local. Estas iniciativas imprimen el inicio de una nueva modalidad de activación patrimonial, al tomar como punto de partida el interior provincial y los contextos rurales, en sentido amplio, corriendo, de este modo, el foco de los procesos de reconocimiento, identificación y legitimación de los ámbitos tradicionales, técnicos y académicos, como también de los poderes centrales de la capital provincial.

El objetivo del presente artículo es desarrollar y compartir los resultados de las acciones implementadas desde las políticas públicas que, en diferentes esferas de gestión, asumen las problemáticas patrimoniales como ejes de desarrollo local y regional, y al mismo tiempo como espacios de encuentro comunitario. Se presenta, de este modo, la experiencia de trabajo, que desde hace unos años venimos realizando en la región noroeste de los Esteros del Iberá, particularmente en las localidades de Concepción del Yaguareté Corá, Mburucuyá, Loreto y San Miguel, que asume una modalidad de gestión participativa como estrategia para la identificación del PCI de la región. En este sentido, y tomando los últimos enfoques que en el campo patrimonial se han venido desarrollando, se parte de dos hipótesis: la primera plantea que a partir de las voces y la reflexión de los sujetos, comunidades y colectivos involucrados (sean estos portadores, transmisores o depositarios de valores y saberes), es posible el reconocimiento y la legitimación social genuina del patrimonio cultural inmaterial de la región, lo que recae en forma consecuente en su apropiación, salvaguardia y sustentabilidad. Hipótesis que conduce a la implementación de diferentes estrategias participativas para el abordaje de la temática. La segunda, corresponde a la relación tejida entre los modos de vida rural, la tradición histórica y la conformación de un corpus patrimonial, como reflejo de identidades compartidas, heredadas y reconocidas como actuales por parte de las comunidades. En este sentido, consideramos que si bien, las diversas acciones han tomado como punto de localización los poblados, es decir pequeñas áreas urbanas, su lógica cultural trasciende los límites formales del ejido urbano, y su configuración identitaria se construye a partir de elementos rurales heredados y/o recreados, asociados a las tradiciones productivas y extractivas, principalmente ganaderas, agrícolas y forestales, que se funden con herencias culturales heterogéneas y diversas, vinculadas a sus orígenes poblacionales de raíces indígenas, coloniales (presencia española y jesuita) y más tarde criollas.

La vinculación teórica con las experiencias culturales significativas posibilita el continuo enriquecimiento de este círculo virtuoso generador de conocimientos en el campo patrimonial. Se presentan en este artículo, elementos inmateriales de la región del Iberá, relevados en el trabajo de campo, para facilitar la comprensión descriptiva y analítica de sus diferentes dimensiones.

Desde una perspectiva que articula, el patrimonio, la identidad y el contexto rural como ejes del trabajo, creemos posible enmarcarlo en el enfoque que ofrece la “nueva ruralidad” en el contexto latinoamericano (Kay, 2009; Romero, 2012). La cual, resignifica la concepción tradicional de ruralidad, ligada a las características meramente espaciales y productivas, para establecer otros criterios en su reconfiguración, atentos a las variables sociales y culturales. Dentro de los estudios de ruralidad, este trabajo se centra en una mirada que aborda la valorización del patrimonio cultural rural, es decir, se inscribe en el concepto de territorio rural, tomando la expresión de Sili:

La ruralidad en tanto forma de relación entre el hombre y su espacio y forma de apropiación simbólica, valorización y aprovechamiento del patrimonio, constituye la dimensión social de los territorios rurales. Entendida de esta manera, la ruralidad tiene dos dimensiones que interesa analizar: a) una dimensión subjetiva vinculada a la identidad, y b) una dimensión instrumental ligada a las formas de valorización del patrimonio. Ambas dimensiones son concurrentes al proceso de apropiación y territorialización de los espacios rurales (2005, p.45).

Este trabajo se desarrolló en el marco de diversos proyectos implementados en el territorio con la participación articulada, en tanto agentes de promoción, del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes, la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), los referentes de los gobiernos locales y otros actores comunitarios vinculados a los ámbitos patrimoniales, en un esquema de gestión asociada.

Antecedentes en la formalización de una política patrimonial para la identificación y salvaguardia del PCI regional

En el año 2006, por Ley Nacional N° 26.118 Argentina ratificó la Convención de la UNESCO de Salvaguardia del PCI y luego fue admitida como Estado Parte de dicha Convención, asumiendo, de este modo, la responsabilidad del Estado de identificar y definir los elementos del PCI presentes en su territorio y adoptando, al mismo tiempo, las recomendaciones de la Convención como de las Directrices Operativas para la aplicación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2008-2016).

No fueron ajenas a estos procesos, a esta nueva conceptualización y a la necesidad de implementar nuevos planteos metodológicos, las provincias y regiones del interior del país. Un antecedente para el caso que nos ocupa fue el reconocimiento del género folklórico del Chamamé como patrimonio cultural argentino por Ley Nacional N° 26.558 en el año 2009[3], en los términos establecidos por la mencionada Ley Nº 26.118, de ratificación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

En el año 2013 se aprobó la Ley Provincial Nº 6.193, que refiere específicamente al PCI en la provincia. La redacción de dicha normativa sigue los lineamientos y conceptualizaciones generales de la Convención para la Salvaguardia del PCI, tomando taxativamente de ésta su definición de PCI.

Siguiendo este derrotero en el año 2016 se inscribió el Chamamé en la Lista del PCI del Mercosur, por finalmente, en la última Asamblea N° 15 del mes de diciembre de 2020 se incluyó en la Lista Representativa de la UNESCO. Esta primera acción de reconocimiento y legitimación de una expresión inmaterial en la escala regional, y particularmente significativa a la identidad del “ser correntino”, llevó a que se pusieran en marcha, desde el gobierno provincial, una serie de mecanismos, tanto de orden jurídico como de gestión, que brindaran un marco de accionar en la identificación y valoración de las expresiones inmateriales como parte del acervo patrimonial correntino, hasta el momento constituido principalmente por sitios naturales o históricos, y bienes de naturaleza material.

A fin de operativizar la normativa provincial, se creó por Resolución Nº 1.553/16 del Instituto de Cultura[4], el Registro de Bienes de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Provincia de Corrientes, y con ello se dio inicio a las acciones y procesos para la identificación de las expresiones intangibles de manera continua, trazando metodologías adecuadas, acordes a las recomendaciones emanadas, tanto desde los organismos e instrumentos internacionales, como los desarrollados a escala nacional y regional.

Estos instrumentos y proyectos evidenciaron la implementación de una política pública en materia patrimonial a la luz de los nuevos paradigmas que emergen en este campo de estudio y gestión. El abordaje del PCI fue asumido como parte de políticas culturales definidas tanto desde el gobierno provincial, como desde los gobiernos locales, con participación de otros organismos públicos, como la universidad, y de diferentes agentes y actores vinculados a la temática. En consecuencia, se diseñaron una serie de estrategias y metodologías para el logro de objetivos, en el marco de procedimientos y dispositivos políticos administrativos pertinentes a una concepción del patrimonio enmarcada en los principios de diversidad, inclusión y participación. En este sentido, la propuesta planteó los siguientes objetivos: introducir un cambio metodológico en el abordaje para la identificación y legitimación del patrimonio cultural de la provincia, en función de los nuevos enfoques, generar espacios de formación destinados a hacedores y gestores culturales en vistas a la implementación de técnicas y herramientas específicas de la gestión del PCI en la escala local, promover instancias de participación comunitaria a partir de las cuales iniciar registros e inventarios del PCI con los aportes de los diferentes actores sociales; y en consecuencia, poder planificar acciones de salvaguardia acordes a las demandas y problemáticas específicas de cada una de las manifestaciones reconocidas por las comunidades.

Configuración socio histórica y características distintivas de los poblados en los Esteros del Iberá

El centro de la provincia de Corrientes se encuentra cubierto por uno de los humedales más extensos de Sudamérica: los Esteros del Iberá. Ocupan entre 15.000 y 25.0000 km2 del corazón de la provincia, y se extiende a la República del Paraguay, en dirección noreste- sudoeste. Este sistema hídrico conforma el Acuífero Guaraní y por su condición geográfica natural presenta una biodiversidad, no solo en especies sino también en paisajes y condiciones topográficas, por lo que constituye un área de inigualable valor ecológico y ambiental por lo que cuenta con distintos niveles de protección. En torno al aspecto normativo, es importante destacar, que por Ley 3.771 de la Provincia de Corrientes se crea la Reserva Natural Iberá en el año 1983 por cuyos límites quedan fijados por: Ruta Nacional Nº 12 al norte, la divisoria con los afluentes del Aguapey y el Miriñay al este, la divisoria con los esteros, arroyos y afluentes del Paraná el oeste, y al sur la continuación de la divisoria este, cubriendo una superficie de 1 millón 300.000 hectáreas, entre esteros y lagunas. La misma comprende parte de los departamentos de San Miguel, Concepción, Santo Tomé, San Martín y Mercedes. Por dicha Ley se declara de dominio público a las tierras comprendidas en los límites antes mencionados, excepto las de propiedad privada. Por la misma, también se establece el Consejo Administrador de Parques y Reservas Naturales Provinciales en tanto órgano de aplicación.

En el año 2009 se crea el Parque Provincial Iberá en el interior de la ya delimitada Reserva, por Ley Provincial N° 4.736 y Dto. Nº 18A se reglamentan los límites, la prohibición de la caza y la pesca extractiva, además de la necesidad de estudios de impacto ambiental. Finalmente, en el año 2018 en términos de la Ley Nacional N° 27.481 del Honorable Congreso de la Nación Argentina se instituye la Reserva Nacional Iberá dependiente de la Administración de Parques Nacionales (APN).

En la actualidad, la región del Iberá forma parte central del corredor turístico del Nordeste Argentino, al articularse con otros atractivos naturales y culturales de la región NEA, tales como Cataratas del Iguazú, en la provincia de Misiones, el Impenetrable chaqueño, o el Bañado la Estrella en Formosa. La provincia de Corrientes cuenta con 72 municipios, de los cuales 16 se encuentran vinculados al Parque Iberá. (Imagen 1)

Imagen 1
Parque Iberá
Parque Iberá. Guía del Inversor (2017: 17). Corrientes

El paisaje actual del Iberá cuenta con cinco accesos públicos y otros en etapa de planificación. Los primeros se sitúan en las localidades de Colonia Carlos Pellegrini, Galarza, Ituzaingó, San Miguel y Concepción a través de los denominados portales: Iberá, Galarza, Cambyretá, San Nicolás y Carambola respectivamente.

La riqueza de este territorio no solo se ciñe a sus cualidades ambientales y su diversidad biológica sino también se integra y articula con la diversidad cultural de los pueblos y pobladores de la región. Su propio nombre da cuenta de ello: I vera, vocablo guaraní que significa aguas brillantes o aguas que brillan y que remite a su población originaria. Los elementos de la cultura configuradores del espacio manifiestan las raíces guaraníes, que más tarde con la colonización serán influenciadas o modificadas por rasgos españoles y jesuitas, para confluir en tiempos más actuales en las denominadas mestizas o criollas, producto de las vinculaciones interculturales acontecidas desde una perspectiva sociohistórica[5].

La región occidental del Iberá, donde se ubican los pueblos de Concepción del Yaguareté Corá, Mburucuyá, Loreto y San Miguel, fue un territorio originalmente poblado por nativos guaraníes y antecesores guaranizados (mocoretaés y cara-carás), recién a finales del siglo XVIII y principios del XIX se establecen los primeros asentamientos poblacionales con carácter permanente como Yaguareté Corá (Corral del Jaguar) y Mburucuyá. El primero fue fundado el 21 de setiembre de 1796 por pequeños agricultores y ganaderos independientes, en su mayor parte españoles y población originaria[6]. Cabe destacar, que durante la etapa del proceso de emancipación nacional, este territorio fue escenario de algunos hitos fundamentales como el paso de Manuel Belgrano a la Expedición del Paraguay, que aportaron a la configuración de las bases identitarias en el territorio. Por su parte, el origen de Mburucuyá, se remonta al siglo XVIII como "resultado del avecinamiento espontáneo en torno a una capilla dedicada al culto de San Antonio de Padua. Pertenecía a los que se denominaron pueblos de españoles frente a otros como Santa Lucía o Itatí que eran pueblos indios”[7](Quiñones y Nuñez Camelino, 2008, p. 241).

La explotación de tierras fértiles y consecuentes actividades agrícolas motivaron el agrupamiento de pobladores vinculados a la estancia de don José Maidana, y localizados en torno a la capilla de San Antonio de Padua, finalizada en 1796. Estos hechos llevaron a la consolidación del poblado en los años sucesivos y a la elevación al rango de Parroquia a la jurisdicción de Mburucuyá. El 16 de agosto de 1832, el Gobernador Pedro Ferré creó el Departamento de Mburucuyá, oficializando y disponiendo el ordenamiento jurídico de la región, dependiente de la gobernación. La localidad comparte el paisaje regional de esteros y lagunas con palmares y lomas arenosas[8], en el que se integra el resultante de la producción agropecuaria (arroz, cítricos, mandioca y soja) y forestal (pino y eucaliptus). Asimismo, la religiosidad es un elemento vital en la identidad de las localidades, se destaca el chamamé como manifestación artística y cultural, reflejada en las numerosas producciones y en los espacios destinados a este género musical.[9]

La fundación de los pueblos de Loreto y San Miguel, obedeció al segundo proceso poblacional de Corrientes que se vincula con las Misiones Jesuíticas de Guaraníes. La expulsión de los jesuitas del territorio americano por parte de Carlos III en 1767 y su efectivización, al año siguiente, a cargo del gobernador Francisco de Paula Bucarelli, fue un punto de inflexión para la entonces Provincia Jesuítica del Paraguay. Ello trajo como consecuencia la reconfiguración social y cultural, y la redistribución y movimiento de la población indígena cristianizada que habitaba las misiones. En el año 1817 se asentaron los pueblos misioneros en tierras correntinas en los actuales pueblos de Loreto y San Miguel, y el 9 de octubre de 1827 solicitaron formalmente su incorporación a la provincia de Corrientes. En ese momento se destaca el predominio de la población guaraní sobre criollos en ambas jurisdicciones (Ramírez, 1969). Las migraciones formaron parte del devastado paisaje misionero y la portación de las imágenes sagradas en las peregrinaciones emprendidas, denotó la profunda religiosidad de las comunidades migrantes como rasgo de una emergente/nueva identidad. Las familias permanecían juntas y buscaban asentarse en capillas y puestos de estancias construidos en el periodo jesuítico, es así, que las columnas de los pueblos misioneros que emprendieron el forzado éxodo se asentaron alrededor de un entorno natural que ofrecía protección a los pobladores, debido a la dificultosa accesibilidad y desconocimiento del territorio. Desde el asentamiento de ambos pueblos de Loreto y San Miguel hasta nuestros días, es posible comprobar la vigencia de gran parte de estas tradiciones heredadas de la colonia, en tanto, hitos de la identidad actual de la región. Tradiciones que se manifiestan tanto en las celebraciones de origen católico no ajeno al sincretismo aportados por las culturas ancestrales indígenas y las reformulaciones domésticas de origen criollo, tales como los santos populares. A ellos se suma el legado de saberes, prácticas y costumbres tradicionales vinculadas a las actividades productivas y de subsistencia, vivas aún en la comunidad.

Participación y patrimonio: interdependencia de las dimensiones subjetiva y colectiva

El enfoque participativo en torno al trabajo de identificación y reconocimiento patrimonial supone que sus dimensiones valorativas y significativas, por las cuales determinadas expresiones culturales devienen en patrimonio, descansan en los sujetos: personas legatarias directas de esos bienes, y también quienes los crean, los disfrutan, los transmiten, los difunden o educan en ellos (Fontal, 2020). Esta perspectiva, que pondera la legitimación de la comunidad en el ámbito del patrimonio cultural inmaterial pone el acento en las formas de relación entre los bienes y los colectivos sociales. En este sentido, es necesario respetar y/o fortalecer el protagonismo de los actores sociales, en tanto portadores de los elementos y, en consecuencia, decisores indiscutibles a lo largo del proceso de gestión patrimonial y sus momentos: identificación, selección, descripción y análisis, planificación estratégica y operativa, implementación de las líneas de acción y evaluación. En vistas al abordaje de tal transversalidad, resulta importante resaltar aquellas nociones que estructuran la propuesta de trabajo, tales como la de promoción cultural, que hace referencia al proceso llevado adelante por un miembro de la comunidad, se trata de una modalidad de autogestión de grupos, orientada al rescate y desarrollo de la cultura popular:

La promoción cultural se inscribe en el marco de lo que hemos caracterizado como cultura popular. El promotor trabajará en el rescate y desarrollo de la cultura de los sectores subalternos, sean estos mayorías o minorías demográficas. Su trabajo se hará desde organizaciones e instituciones del pueblo, y servirá a él. Procurará que sea ese pueblo quien se beneficie primordialmente con su cultura, quien más la aproveche en un sentido moral, económico y político.” (Colombres, 2011, p. 16).

Otro término a destacar, es el de revitalización cultural, en tanto, alternativa abordada en torno a procesos comunitarios, encaminados a fortalecer la cultura propia de un pueblo o colectivo social, la identidad y al mismo tiempo enriquecer a la resolución y/o reflexión de las problemáticas sentidas y reales. En palabras de Víctor Torres:

Es una metodología de trabajo colectiva, destinada al fortalecimiento cultural de los grupos de base. Sirve para que una comunidad campesina, un pueblo afro, una nacionalidad indígena o inclusive los pobladores de un barrio, puedan discutir, paso a paso, serenamente, los problemas que afectan a sus culturas, encontrar las soluciones apropiadas y cumplir las actividades que hayan decidido realizar para conservar y enriquecer su cultura (1994, p.18).

Además, la participación posibilita las resoluciones comunes en torno a las necesidades de la comunidad, lo que da sentido a la actividad y a la vez implica intersubjetividades y representaciones compartidas (Moras Puig, 2004).

En base a los anteriores aportes, se pondera para el diseño e implementación de la estrategia metodológica el enfoque participativo de los agentes territoriales, en particular, con la creación y fortalecimiento de espacios de formación y reflexión que posibiliten no solo el conocimiento y socialización de la importancia simbólica en torno a los elementos patrimoniales, sino también, en relación a las decisiones concernientes al acceso, disfrute y beneficios de los mismos. Sin lugar a dudas, las implicancias de estos procesos centrados en el diálogo de saberes e intercambios de experiencias, posibilitan en mayor medida la apropiación, sostenimiento e integración en clave comunitaria.

Metodología participativa en la gestión patrimonial

En relación a la experiencia del proceso participativo, desarrollado con la comunidad portadora y participante de la zona ibereña, es posible la identificación de tres etapas que poseen componentes y dinámicas diferenciadas, cada una constituida por lineamientos específicos, que reflejan el abordaje en el territorio:

1) Formación en Patrimonio Cultural Inmaterial

La sensibilización, capacitación y puesta en valor de los elementos inmateriales locales, tuvo como punto de inflexión el trabajo realizado para la presentación de la Postulación del Chamamé para integrar la Lista Representativa de Patrimonio Inmaterial ante la UNESCO. El proceso de inscripción de un bien a la Lista de Patrimonio Mundial, supuso el cumplimiento de condiciones y abordajes metodológicos en torno a la manifestación con un alcance contextual más amplio. Ello derivó en el interés por desplegar una serie de acciones y poner en funcionamiento dispositivos para identificar, estudiar, analizar e implementar políticas patrimoniales en el marco de las exigencias operativas propias del campo del PCI. En este contexto, surgió como iniciativa el diseño de propuestas de formación continua y de sensibilización entorno al PCI a desarrollarse en el territorio provincial, y que se expresa como una necesidad en los ámbitos locales del interior provincial y sus áreas de influencia rural, para la cual se consideró como estrategia: la gestión asociada, y como metodología: los aportes de diversos modelos participativos de acción. Esto permitió dar continuidad a las acciones conjuntas llevadas adelante entre el Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes y la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE, en torno a diversas temáticas culturales regionales, y en el proceso de acompañamiento de postulación del chamamé. Se implementaron dos instancias diferenciadas, que se formalizaron como proyectos de extensión desde la facultad: una orientada a una formación general en gestión cultural y otra específica de PCI que se desarrolla con mayor profundidad en el presente artículo.

I) La primera entre los años 2014 y 2016, se llevó adelante a través del dictado de módulos de formación intensivos alusivos a determinadas temáticas en relación con actores del campo cultural en general, con el objeto de brindar herramientas y conocimientos de gestión y de formulación de proyectos a los agentes locales. Se abordaron temas de gestión cultural, gestión patrimonial y herramientas para la formulación de proyectos culturales, articulados con el análisis de los contextos regionales.

II) La segunda etapa que se implementó a partir del año 2017, resaltando la formación focalizada en el eje de PCI, como respuesta a la demanda comunitaria manifiesta en el interés suscitado a partir de la incorporación en la agenda pública de la mencionada postulación del Chamamé. Cabe destacar, que hasta ese momento el debate y posicionamiento en torno a las cuestiones patrimoniales lo habían concentrado las esferas políticas, técnicas y académicas, sin una participación significativa de la comunidad en procesos de esta índole, situación abordada de manera sistemática en vistas a su modificación. El espacio formativo, se planificó teniendo en cuenta reflexiones y prácticas situadas en el territorio, a partir de las cuales se seleccionaron contenidos conceptuales, normativos y metodológicos, componentes que tuvieron su anclaje posterior en la implementación del Registro de Patrimonio Inmaterial de la provincia de Corrientes.

Estos proyectos plantearon como objetivo brindar los elementos de análisis para definir la configuración del patrimonio cultural en las distintas localidades y regiones culturales. Para ello se propusieron diferentes herramientas pedagógicas, que se desplegaron entre exposiciones teóricas de conceptos y enfoques metodológicos, por parte de docentes e investigadores universitarios, la generación de espacios de debates y reflexión, y plenarios de socialización. En función de ello se diseñaron diferentes instancias y actividades:

• Presentación de los participantes y capacitadores. Desarrollo de las funciones del equipo docente, vinculadas a la promoción cultural en tanto encuadre conceptual y a la revitalización sociocultural en cuanto metodología de trabajo.

• Presentación del dispositivo en general y de las líneas particulares de acción: objetivos, metas, cronograma y actividades. Acuerdos operativos entre la comunidad y el equipo docente.

• esarrollo del encuadre teórico a partir de los ejes: Nociones sobre Patrimonio Cultural, antecedentes sociohistóricos y definiciones; el cuerpo normativo, ámbitos de intervención y estudio de casos nacionales e internacionales. Gestión patrimonial competencia y elementos. Particularidades de la gestión patrimonial en la provincia de Corrientes, organismos institucionales y comunitarios. Bienes inmateriales regionales.

• Selección de los temas a tratar en torno a las necesidades e intereses identificados en la comunidad. Relevamiento de las expectativas de los participantes e imaginario social.

• Realización de talleres participativos y espacios de intercambios donde las personas y comunidades abordan los elementos inmateriales significativos de cada una de las regiones culturales implicadas.

2) Acompañamiento técnico en el relevamiento y trabajo de campo para registro

En este momento del proceso se planteó la participación de docentes - investigadores de la universidad en el asesoramiento y acompañamiento al equipo técnico del Instituto de Cultura, que lleva adelante el relevamiento del Inventario de Bienes Culturales Inmateriales de la Provincia de Corrientes desde el año 2018. La contribución en determinados encuadres metodológicos y técnicas participativas para el trabajo con los diferentes grupos en torno a la identificación, selección y decisión en la gestión patrimonial resulta fundamental para la puesta en marcha de dicho registro. En este sentido, se planteó introducir instrumentos metodológicos que faciliten los procesos de identificación, gestión e implementación de propuestas en el campo del patrimonio cultural local y regional. Esta instancia supuso reuniones de trabajo, la programación del trabajo de campo y el diseño de metodología e instrumentos, con aportes del método etnográfico: observación directa y participante, entrevista en profundidad a referentes calificados (portadores, hacedores, agentes vinculados a diferentes manifestaciones inmateriales), registro audiovisual, elaboración de fichas preliminares de relevamiento. Las actividades desarrolladas pueden sintetizarse en:

• Registro preliminar de las manifestaciones inmateriales que reconocen como patrimonios en la localidad y alrededores, en base a los contenidos trabajados y discutidos de manera participativa. Los datos se vuelcan en una ficha que posee campos básicos de información.

• Registros legitimados por la comunidad portadora y participante, en relación a la incorporación de los elementos al inventario provincial a través de la confirmación de datos mediante: entrevistas en profundidad, observación directa y participante, grupos de discusión, mediación cultural.

3) Fortalecimiento e iniciativas de autogestión patrimonial

En el último tramo puede resaltarse el fortalecimiento de las iniciativas comunitarias mediante el trabajo intensivo en espacios de actualización con los referentes municipales a cargo de las áreas de PCI. Los objetivos planteados fueron: vincular al sector público, privado y el de las organizaciones de la sociedad civil en políticas regionales de gestión patrimonial y asesorar en la formulación de proyectos genéricos, nociones para su metodología, diseño y gestión. Para ello, se implementaron las siguientes herramientas: construcción de mapa de actores, organización de foros de discusión, elaboración diagnóstica, ideas y alternativas para la resolución de problemas, espacios de consenso y acuerdo comunitario, mediación cultural. En función de esto se trabajó en los siguientes puntos:

• Profundización de los contenidos, sumado al acompañamiento y apropiación de los espacios participativos por parte de los responsables de las comunas, se conforman en factores capaces de garantizar la democracia cultural. Si bien al interior de estos espacios participativos los grupos e intereses son diferentes y algunas veces contradictorios, es necesario continuar con el ejercicio de las decisiones culturales que cobijen en mayor medida el consentimiento de la comunidad portadora.

• Revisión de las características del PCI y su incidencia en la modalidad de gestión. Características del PCI: trascendente, heredado y heredable, dinámico, recreado constantemente. Metodologías y estrategias de abordaje del PCI. la participación y la definición comunitaria como problema.

• Identificación de problemáticas relativas al acceso y vínculo entre la sociedad y su patrimonio cultural.

• Promoción para el desarrollo de propuestas comunitarias en torno al patrimonio inmaterial y la selección de elementos para su incorporación al registro provincial mediante el consenso o votación que transparentan los encuadres conceptuales y metodológicos abordados. Sistematización de las experiencias desde un diálogo de saberes que se retroalimenta y produce nuevos contenidos y metodologías a partir de la construcción conjunta, enmarcados en clave intercultural.

La participación de la ciudadanía en un proyecto patrimonial parte de la voluntad de reunir las diferentes voces y miradas que constituyen el universo de nuestro marco de actuación desde el principio, en el preciso momento de la cristalización de la idea y de decidir sobre sus finalidades, objetivos, estructura, planificación o periodicidad (Portolés Górriz, 2020).

En este sentido debemos destacar la pluralidad de agentes y actores que fueron parte de estas acciones participativas, con injerencia a su vez en diferentes ámbitos de actuación propicios para la replicación y difusión de los saberes y las reflexiones construidas. En el perfil de participantes se identifica personal relacionado con la actividad turística (agentes públicos del sector turístico, guías privados, emprendedores, estudiantes de carreras técnicas), funcionarios y agentes municipales, de los sectores cultura y turismo, artistas locales, artesanos, referentes de asociaciones civiles relacionadas con diversas actividades (religiosas, artísticas, gastronómicas, festividades) docentes en escuelas localizadas tanto en área urbana y rural, personal de museos, personal de la APN, superintendenta y guardaparques, vecinos en general.

Identificación participativa del patrimonio inmaterial regional

Las acciones participativas permitieron realizar una primera identificación y registro de las manifestaciones culturales en las cuales los pobladores locales reconocieron signos de su identidad. Estas primeras aproximaciones dan cuenta de la presencia y continuidad de prácticas y expresiones propias de cada localidad y su entorno rural, y al mismo tiempo de otras que remiten a una escala regional más amplia, y que con sus singularidades permiten comprenderlas como patrimonios compartidos. Cabe destacar también que el análisis de localización posibilitó construir una cartografía patrimonial[10] que visualiza los universos simbólicos en relación a los territorios. Algunos de los PCI identificados en las primeras experiencias participativas, legitimados a partir de reflexiones consensuadas, y luego de haberse realizado un trabajo de relevamiento, entrevistas, investigación bibliográfica y su sistematización en fichas de inventario, fueron incorporados al Registro Provincial de PCI al que nos hemos referido anteriormente. Estas manifestaciones responden a los distintos ámbitos definidos tanto en la Convención para la Salvaguardia del PCI, como en la Ley Nº 6.193 de la Provincia de Corrientes, y corresponden a los ámbitos de:

• Usos sociales, rituales y actos festivos,

• Técnicas artesanales tradicionales,

• Tradiciones y expresiones orales,

• Artes del espectáculo,

• Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma español y guaraní, como vehículo del PCI. Ley N° 6.193, Provincia de Corrientes,

• Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.

Entre las manifestaciones incorporadas al Registro Provincial de PCI, a partir del consenso y del consentimiento de la comunidad, pueden mencionarse las siguientes: el Chamamé, el Sapucay, devoción al Gaucho Gil, la creencia popular de la Pilarcita, el culto a San Baltazar, los altares domésticos de Loreto, el Festival de la Tradición y la Artesanía en San Miguel (Res. Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes Nº 1.339), la técnica de cestería y de construcción de rancho Pirí (Res. Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes Nº 1.262).

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Técnicas artesanales asociadas al contexto rural: taller de platería rural (Mburucuyá), taller construcción tradicional de carros en madera (Mburucuyá), construcción de Rancho Pirí (Concepción del Yaguareté Corá), artesanía en cuero (San Miguel, Museo Artesanía Tradicional).
Fotografías: Sudar Klappenbach, Luciana. 2019.

Esto nos permite ver como en el escenario patrimonial empiezan a aparecer otras manifestaciones de estrecha relación con espacios rurales, trascendentes del aspecto geográfico pero que construyen una mirada integral del paisaje, incorporada a la interpretación personal y comunitaria a través de las dimensiones sociales, históricas y culturales.

Finalmente, se puede mencionar que las prácticas patrimoniales de la zona que tienen lugar en tradiciones, creencias, costumbres, rituales, artesanías, gastronomía, entre otros, se imbrican con elementos ancestrales configuradores de la identidad rural, constituyente del sentido material y simbólico de los pobladores del Iberá.

Imagen 3
Espacios de culto popular: tumba del Gaucho Tuquiño (Mburucuyá), altar Novena de San Miguel Arcángel (San Miguel), altar doméstico de la Virgen del Perpetuo Socorro (Mburucuyá), espacio de culto de La Pilarcita (Concepción del Yaguarté Corá).
Fotografías: Sudar Klappenbach, Luciana 2019.

Reflexiones finales

El PCI del Iberá visualiza una identidad que se erige en la mixtura de diversas tradiciones culturales, heredadas tanto de su heterogéneo origen poblacional: indígena, español y criollo, como también en la interacción de modos de vida generados entre lo rural y lo urbano, entre un paisaje natural y la configuración de otro cultural que lo transforma, al mismo tiempo que los integra y asimila. Creencias, lenguajes, prácticas y saberes se revelan como valores a salvaguardar, a partir de la oportunidad de reflexión en torno a los conceptos de patrimonialización, del conocimiento de instrumentos y herramientas metodológicas, de buenas prácticas y de otras que han fracasado, puestos en debate en espacios de participación y en la voz de las comunidades portadoras. Las experiencias desarrolladas en el rescate de saberes populares, locales, en los microespacios cotidianos, nos permiten afirmar que es el trabajo sostenido con las comunidades, representadas mediante diferentes actores y agentes culturales, el camino para lograr la sustentabilidad de las expresiones culturales y la consolidación de las identidades regionales.

Referencias

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Notas