La cuestión disparadora de este ensayo contiene varias palabras claves: turismo, valorización patrimonial (patrimonio), desarrollo y rural (ruralidades). Esas palabras son, ante todo, conceptos, pero también implican procesos. Más allá de las diversas formas en que se los puede definir[1], considero que el turismo y el patrimonio tienen algunos puntos en común. Son procesos en los cuales ciertas personas, generalmente aquellas reconocidas como “expertas”, seleccionan, resignifican y justifican qué es patrimonio y por qué debe ser protegido formalmente por algún marco normativo (“patrimonios formales/oficiales”) y/o cuáles deben ser promocionados o activados[2] como atractivos o destinos turísticos. El patrimonio cultural, en sentido amplio (cultural/natural, mueble/inmueble, material/inmaterial, caminos o itinerarios, paisajes, etc.), tiene varias dimensiones. Así como representa simbólicamente las identidades de diferentes grupos socio-culturales o naciones, también es utilizado como un recurso económico pasible de mercantilización directa (las artesanías, prácticas tradicionales y/o ancestrales agrarias que producen ciertos alimentos “con identidad territorial”) o indirecto (una estación de ferrocarril refuncionalizada como alojamiento o la promoción de un poblado rural histórico como atractivo turístico). En este sentido, es que podemos pensar la valorización del patrimonio como un elemento que puede contribuir al desarrollo rural (Viola, 2000). Este último entendido como un proceso que no puede analizarse y abordarse separado de la existencia de conflictos, dominación y relaciones desiguales de poder entre los sujetos e instituciones que habitan un territorio (Manzanal, 2009).

Asimismo, concuerdo con aquellas/os autoras/es que caracterizan a estos procesos de turistización, patrimonialización y desarrollo rural como socialmente construidos. Es decir, que es posible identificar quiénes participan –como diseñadores/as y ejecutores/as del proyecto, destinatarios/as del mismo, en el financiamiento, etc.- y que esa participación conlleva disputas, negociaciones, resignificaciones y conflictos. Por lo tanto, los conceptos —y los procesos que conllevan— no son ideológicamente neutros, todo lo contrario, cada uno, incluye/excluye sujetos y territorios, destacan qué aspectos focalizar (¿el económico en detrimento de lo socio-cultural?); inciden y reconfiguran las relaciones entre los actores locales y no locales; promueven transformaciones en el territorio tanto materiales como simbólicas (Shore, 2010).

Me interesa recuperar la cuestión de quiénes participan cuando pensamos en —o analizamos— proyectos que tienen como objetivo promover el desarrollo rural desde iniciativas turísticas y/o patrimoniales. Es relevante identificar: Quién/es orienta/n el proyecto —actores estatales o no estatales—; si tiene financiamiento, quién/es lo está/n proveyendo —organismos internacionales, nacionales, locales, sector privado, ONGs.—; hacia quiénes está dirigido (a qué sector de la población se busca beneficiar[3]), y en este marco, qué categorías se utilizan para determinar a los/as sujetos destinatarios/as —campesinos/as, mujeres, agricultores/as familiares, agroproductores/as capitalizados/as, comunidades afrodescendientes, pueblos originarios, jóvenes, infancias—. A su vez, es importante dar cuenta cómo se definen esas categorías, ya que aunque ciertos organismos, equipos de gestión o investigación utilicen las mismas, no siempre las caracterizan de igual manera. Además es interesante indagar en ello para examinar qué tipo de representaciones sobre esos sectores de la comunidad se están construyendo y reproduciendo. Por ejemplo, desde el programa Pueblos Turísticos que orienta el área de turismo de provincia de Buenos Aires, los habitantes de los pueblos rurales eran representados en sus folletos –al menos hasta el 2015— de una manera idealizada bajo las características de ser una población amable, solidaria, homogénea, “blanca y europea”, desconsiderando, además de las tensiones existentes, otros grupos sociales y culturales que también forman parte de la ruralidad pampeana-bonaerense (Pérez Winter y Troncoso, 2019).

Una vez aclarada esta cuestión del “quienes”, es relevante reflexionar sobre el grado de participación que cada uno/a de ellos/as tienen en los proyectos turístico-patrimoniales. Y aquí volvemos a pensar quiénes forman parte de estas ruralidades, quiénes son las personas o grupos tomadores de decisión en el proceso sobre qué tipo de turismo promover, qué elementos, lugares, expresiones, prácticas se identifican y se resignifican como atractivos turísticos y patrimonios y con ello, qué de lo rural y su territorio se pretende desarrollar. En particular, teniendo en consideración que los conflictos que existen en el territorio de una comunidad suelen expresarse en los procesos turísticos y patrimoniales. En este marco, es muy difícil plantear y pensar el turismo en contextos donde muchas comunidades: no tienen acceso a la tierra, al agua y otros servicios básicos que son un derecho; son de difícil acceso por la falta de medios de comunicación; existe contaminación ambiental[4] producida por el uso y abuso de agrotóxicos o la megaminería o se impone la precarización laboral, entre muchos otros. En estos casos, ¿cómo pensar en implementar el turismo y poder ofrecer infraestructura y servicios básicos cuando la propia comunidad no cuenta con ellos?

En este contexto, ¿es posible que el turismo y la valorización patrimonial favorezca el desarrollo rural? Creo que es posible. Existen varios casos que lo confirman. Uno muy interesante es en la provincia de Salta, donde se encuentra la Red de Turismo Campesino en los Valles Calchaquíes. Esta red formada por familias campesinas decidió comenzar a desarrollar el turismo comunitario con el acompañamiento del estado provincial (capacitación, promoción, etc.). La gestión organizada desde la propia Red les permitió acceder a fondos y recursos que les posibilitaron mejorar la infraestructura de las familias que participan en la misma, pero también de otras con quienes habitan en la localidad (Cáceres, 2021). En este sentido, la práctica de turismo comunitario los consolidó como un actor político, logrando gestionar recursos que desde otros ámbitos se les dificultaba.

Por lo tanto, mientras más participativas sean las iniciativas y haya un real involucramiento de los diversos sectores que componen las comunidades locales, en particular de aquellos que han sido históricamente postergados y hasta olvidados, es posible alcanzar el desarrollo rural. Se tiene que garantizar que las comunidades sean quienes decidan cómo orientar todas las etapas que se propongan del proceso (diseño, ejecución, monitoreo, etc.), que cuenten con el acompañamiento de otros actores estatales y no estatales que colaboren ofreciendo asesoría en lo que se necesite y que contribuyan con el acceso de recursos, información, financiamiento y reglamentación de la actividad (formulación de normativas que permitan la comercialización en pequeña escala, seguros, etc.).

En este sentido, es interesante mencionar al turismo rural comunitario, que dentro de las modalidades turísticas actuales es una de las que incentiva más la participación local. El turismo rural comunitario -o de base comunitaria- es cada vez más frecuente en Argentina. Si bien existen formas diversas, podemos señalar que se caracteriza por ser orientado por las propias comunidades (en particular de pueblos originarios y campesinos/as). En este marco es que el patrimonio -en un sentido amplio- adquiere un rol protagónico ya que la modalidad de turismo rural y comunitario generalmente promueven la valorización de saberes, costumbres, paisajes, alimentos, prácticas socioculturales y productivas ancestrales y tradicionales locales.

A partir de este tipo de turismo se pueden consolidar espacios y estrategias de organización colectiva, que a su vez, contribuyen a configurar subjetividades políticas. Ello permite a sectores de una comunidad, que en algún momento carecían de “voz y voto”, organizarse y construir nuevas estrategias de demanda y obtención de recursos que en otro momento y por otras vías se dificultaban. La organización comunitaria —ya sea desde formas asociativas, cooperativas, trabajo en asambleas, observatorios, etc.— también puede habilitar otros espacios de comercialización (ferias con precio justo). Asimismo contribuye en promover los procesos de identificación, valorización, reapropiación y resignificación de sus patrimonios.

Todo esto puede ser posible si hay una participación real de las comunidades en la identificación de lo que ellos/as consideran es su patrimonio o lo que pueden presentar como atractivos turísticos, si poseen el poder —¿absoluto? ¿genuino?— de decidir qué hacer con él (cómo mostrarlo/compartirlo, de qué forma promover su consumo y comercialización, etc.). Es decir, los otros actores sólo deben acompañar sin imponer modelos externos de desarrollo rural como paquetes inalterables que no atienden a las problemáticas del territorio que se buscan justamente mejorar y/o solucionar. De lo contrario, es muy probable que las iniciativas que se diseñen no tengan mucho “éxito” ni continuidad o no beneficien a los diferentes sectores de una comunidad.

Referencias

Cáceres, C. (2021). Viajeros y Campesinos. Valorización turística del valle Calchaquí salteño a partir del turismo rural comunitario. Luján: Inigeo.

Manzanal, M. (2009). Desarrollo, poder y dominación. Una reflexión en torno a la problemática del desarrollo rural en Argentina. En Manzanal, M. y Villareal, F. El desarrollo y sus lógicas en disputa en territorios del norte argentino, (pp. 17-46). Buenos Aires: Ciccus.

Pérez Winter, C. y Troncoso, C. (2019). La imagen turística del campo pampeano bonaerense (Argentina) desde la promoción oficial. Cuadernos de Antropología Social, 50, 85-106.

Prats, L. (2004). Antropología y Patrimonio. Barcelona: Ariel.

Peck, J. (2002). Political Economies of Scale: Fast Policy, Interscalar Relations, and Neoliberal Workfare. Economic Geography, 78 (3), 331-360.

Shore, C. (2010). La antropología y el estudio de las políticas públicas: reflexiones sobre la “formulación” de las políticas. Antípoda, 10, 21- 49.

Viola, A. (2000). Antropología del Desarrollo. Teorías y estudios etnográficos en América Latina. Buenos Aires: Paidós.

Notas