Iniciación a la investigación
Semillas y lógica privativa: Un análisis desde la economía política y la teoría de los bienes comunes.
Seeds and the logic of enclosure: An analysis from political economy and the theory of the commons
Sementes e lógica privativa: Uma análise a partir da economia política e da teoria dos bens comuns
Estudios Rurales. Publicación del Centro de Estudios de la Argentina Rural
Universidad Nacional de Quilmes, Argentina
ISSN: 2250-4001
Periodicidad: Semestral
vol. 16, núm. 33, 2026
Recepción: 24 mayo 2026
Aprobación: 27 mayo 2026
Resumen:
El debate existente sobre las semillas se ha convertido en el eje principal para ser capaces de comprender las recientes transformaciones en el agro argentino. En este trabajo se analiza desde la perspectiva de la economía política y la teoría de los bienes comunes cómo regímenes de propiedad intelectual (que han sido impulsados por marcos internacionales como ADPIC y UPOV) supieron consolidar una llamada “lógica privativa”, que beneficia la concentración del mercado y delimita la dependencia tecnológica. A partir del enfoque de centro–periferia, se muestra cómo los países más desarrollados son aquellos que concentran la innovación y el poder sobre las semillas, dejando países como el nuestro subordinados a tales esquemas. Se examina la incidencia de las dinámicas citadas en el ámbito local; se menciona el caso de la soja transgénica y de los sistemas de regalías, que han generado roces entre grandes empresas y productores, en especial respecto al uso propio. Asimismo, se estudian las resistencias sociales y las disputas en torno a la legislación argentina. De cara a este escenario, surgen alternativas basadas en el paradigma en torno a las semillas abiertas: permiten el libre acceso, cooperación y conservación de la biodiversidad. Casos como el de Bioleft nos muestran que modelos colaborativos que articulan ciencia pública y conocimiento campesino son posibles. La investigación concluye que el futuro de la Argentina depende de esa capacidad de fortalecer las iniciativas y también de avanzar en políticas que aseguren la soberanía alimentaria.
Palabras clave: semillas, propiedad intelectual, soberanía alimentaria, agronegocio, bienes comunes.
Abstract:
The debate surrounding seeds has become a central axis for understanding the recent transformations in Argentine agriculture. This paper analyzes, from the perspective of political economy and the theory of the commons, how intellectual property regimes (promoted by international frameworks such as TRIPS and UPOV) have consolidated a so-called “proprietary logic,” which favors market concentration and reinforces technological dependence. From a center-periphery approach, the study shows how the most developed countries concentrate innovation and power over seeds, leaving countries like Argentina subordinated to such schemes. The study examines the impact of these dynamics at the local level, mentioning the case of transgenic soybeans and royalty systems, which have generated tensions between large corporations and producers, especially regarding farmers’ right to save seeds. It also analyzes social resistance movements and the disputes surrounding Argentine legislation. In this context, alternatives based on the paradigm of open seeds emerge, allowing free access, cooperation, and biodiversity conservation. Cases such as Bioleft demonstrate that collaborative models articulating public science and peasant knowledge are possible. The research concludes that Argentina’s future depends on its capacity to strengthen these initiatives and to advance policies that ensure food sovereignty.
Keywords: seeds, intellectual property, food sovereignty, agribusiness, commons.
Resumo:
O debate em torno das sementes tornou-se o eixo principal para compreender as recentes transformações no agro argentino. Neste trabalho, analisa-se, a partir da perspectiva da economia política e da teoria dos bens comuns, como os regimes de propriedade intelectual (impulsionados por marcos internacionais como o ADPIC e a UPOV) consolidaram uma chamada “lógica privativa”, que favorece a concentração do mercado e reforça a dependência tecnológica. A partir da abordagem centro-periferia, demonstra-se como os países mais desenvolvidos concentram a inovação e o poder sobre as sementes, deixando países como a Argentina subordinados a esses esquemas. Examina-se a incidência dessas dinâmicas no âmbito local, mencionando o caso da soja transgênica e dos sistemas de royalties, que geraram tensões entre grandes empresas e produtores, especialmente em relação ao uso próprio das sementes. Da mesma forma, estudam-se as resistências sociais e as disputas em torno da legislação argentina. Diante desse cenário, surgem alternativas baseadas no paradigma das sementes abertas, que permitem o livre acesso, a cooperação e a conservação da biodiversidade. Casos como o Bioleft demonstram que modelos colaborativos que articulam ciência pública e conhecimento camponês são possíveis. A pesquisa conclui que o futuro da Argentina depende da capacidade de fortalecer essas iniciativas e também de avançar em políticas que garantam a soberania alimentar.
Palavras-chave: sementes, propriedade intelectual, soberania alimentar, agronegócio, bens comuns.
Introducción
El debate en torno a las semillas se ha convertido en un punto neurálgico para comprender las transformaciones del agro en las últimas décadas. Desde la perspectiva histórica, la teoría centro–periferia (Prebisch, 1949, pp. 1–15) permite comprender cómo las relaciones desiguales en el comercio internacional se trasladan al ámbito agrícola: mientras los países del centro concentran la tecnología y las patentes, los de la periferia quedan relegados a un rol dependiente. Este esquema se profundizó con el auge del agronegocio y con la incorporación de normativas internacionales como la UPOV y el ADPIC, que ampliaron los derechos de las corporaciones sobre el patrimonio genético (Correa et al., 2015, pp. 5–15; Filomeno, 2013, pp. 355–360).
Es entonces cuando conceptos como libertad y control adquieren relevancia: la libertad, en el ámbito agrario, no se refiere solo a la circulación de mercancías, sino a la posibilidad de que agricultores y comunidades puedan guardar, intercambiar y mejorar sus semillas sin restricciones, asegurando la transmisión intergeneracional de saberes y biodiversidad (Perelmuter, 2011, pp. 53–65). El control, por el contrario, se materializa en mecanismos de privatización –patentes, regalías, contratos– que consolidan la exclusión de campesinos y pequeños productores, y refuerzan un modelo de producción monopólica (Harvey, 2005, pp. 99–129; GRAIN, 2018, sección “Biodiversidad y los derechos de protección vegetal”).
Los impactos de este proceso en Argentina se reflejan en el aumento de los costos, la expansión de semillas transgénicas y los conflictos por el derecho al uso propio. El caso de Monsanto y las regalías por el uso propio de la soja ilustra cómo el poder corporativo se traduce en dependencia económica y en la erosión de derechos históricos de los agricultores (Pérez Trento, 2019, pp. 129–140). A su vez, la resistencia social, expresada en organizaciones campesinas, pueblos originarios y redes de intercambio, muestra que la lucha por las semillas es también una lucha por la soberanía y la autonomía productiva. Ejemplos como la Bolsa Blanca o la defensa del uso propio en las reformas de la Ley de Semillas revelan que el terreno jurídico es un espacio de conflicto constante.
Sin embargo, junto a estas disputas emergen alternativas. Las organizaciones campesinas, los pueblos originarios y los movimientos agroecológicos han defendido el derecho al uso propio y han impulsado prácticas colectivas para conservar y multiplicar semillas nativas y criollas. Estas iniciativas encuentran respaldo en espacios internacionales como La Vía Campesina, que sostiene la soberanía alimentaria como principio rector en la defensa de la agricultura campesina. En Argentina, esta lucha se traduce en encuentros de intercambio de semillas, ferias locales y redes comunitarias que actúan como trincheras frente al avance corporativo (Patel, 2009, pp. 663–673).
La experiencia de Bioleft, una plataforma de innovación participativa en semillas, demuestra que es posible generar nuevas variedades abiertas mediante licencias libres, a partir de la articulación de la ciencia pública, el conocimiento campesino y los intercambios comunitarios (Bioleft, s.f., sección “Acerca de”).
En paralelo, el Estado argentino también ha dado pasos hacia la construcción de políticas públicas orientadas a fortalecer la agricultura familiar y las unidades productivas. El programa “Sembrar Soberanía Alimentaria”, impulsado desde 2020, constituye un esfuerzo para financiar la agricultura familiar, fortalecer la agroecología y promover redes locales de distribución de alimentos (Ministerio de Desarrollo Social, 2020, sección “Objetivos”). Este tipo de iniciativas evidencia que la política estatal puede intervenir con subsidios, financiamiento y regulación para equilibrar el poder entre corporaciones y pequeños productores y garantizar que la producción de alimentos responda a las necesidades sociales y no solo a intereses corporativos.
Es aquí donde surge nuestro interrogante central: ¿cómo impactan los regímenes internacionales de propiedad intelectual sobre semillas en el agro argentino y cuáles son las alternativas que emergen frente a la concentración del poder corporativo?
Desde este interrogante, el presente texto parte de una hipótesis clara: el modelo de semillas cerradas (las resguardadas bajo derechos de propiedad) consolida un esquema de dependencia tecnológica y dominio agrario, mientras que las experiencias de semillas abiertas (sin pagos de regalías ni patentes) representan un horizonte alternativo para la construcción de nuestra autonomía agraria. A lo largo del capítulo se analizarán los marcos normativos internacionales y nacionales, los actores en conflicto, así como las experiencias alternativas que buscan redefinir el rumbo de la política de semillas en Argentina.
Las semillas abiertas y cerradas, modelos en disputa
Las semillas, desde el origen mismo de la agricultura, fueron consideradas un bien común, ya que comunidades indígenas y campesinos las recolectaban, almacenaban, conservaban e intercambiaban libremente, asegurándose su control (Perelmuter, 2011, pp. 53–65).
Ahora, debemos analizar la existencia de las llamadas “semillas privadas” y, por otro lado, las “semillas abiertas”.
A diferencia de las variedades protegidas, las semillas abiertas no imponen pagos ni licencias: los agricultores pueden guardarlas, mejorarlas y compartirlas sin trabas legales.
En un principio, las actividades de mejoramiento eran una práctica reservada a los productores y basadas en su experiencia en el campo. Luego, con la llegada de la genética en los ‘50, la ingeniería genética y finalmente la biotecnología en los ‘70 y ’80, aparecen los fitomejoradores. Los profesionales se orientaron al desarrollo de nuevas variedades vegetales e invirtieron tiempo y dinero en ello. El principal cambio regulatorio que permite resarcir al fitomejorador es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), que surge con el establecimiento del Convenio Internacional para las Obtenciones Vegetales firmado el 2 de diciembre de 1961 en París. A través de este convenio, los países miembros se obligan a proteger, mediante derechos de propiedad intelectual, el proceso de fitomejoramiento y a alentar a los obtentores a lograr variedades de semillas mejoradas (Cuello, 2023, pp. 30–45).
Luego de su firma, la UPOV entró en vigor en 1968 y fue revisada en 1972, 1978 y 1991. La versión de 1991 es la última, aunque muchos países no la adoptan, incluida Argentina.
Las semillas cerradas son aquellas protegidas por derechos de propiedad intelectual y patentes. Este modelo responde a una lógica similar a la del software de código cerrado –como el impulsado por Microsoft– en tanto restringe el acceso al conocimiento y concentra el control en pocas corporaciones (Cuello, 2023, pp. 30–45). Su desarrollo y comercialización transforman las semillas en activos estratégicos, sometidos a regulaciones tecnológicas y legales que reducen la autonomía de los productores.
Esta oposición entre semillas abiertas y cerradas refleja modelos productivos en disputa. Comprender cómo se consolidó este contraste permite analizar las relaciones de poder que estructuran la agricultura contemporánea.
Del centro y la periferia, desigualdades en el acceso a las semillas
Existe una división entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Los primeros incluyen a Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra y Japón, que agrupan las principales potencias mundiales, mientras que las periferias están conformadas por regiones y países subordinados a los designios económicos, políticos y culturales de las anteriores: América Latina, África, Europa del Este y una parte significativa de Asia (Cuello, 2023, pp. 46–60).
En su libro “Interpretación del proceso de desarrollo latinoamericano” (1949, pp. 1–15), Prebisch caracterizó a América Latina como una región de la “periferia”, subordinada de la economía mundial, frente a los países desarrollados, los del “centro”, ya que sostenía que, el modelo primario exportador, basado en la exportación de materias primas e importación de bienes industriales, perpetuaba el subdesarrollo, generaba dependencia, vulnerabilidad a los ciclos económicos globales e impedía el crecimiento autónomo.
La transferencia de los beneficios del progreso técnico, como lo llamaba Prebisch, en la producción primaria desde la periferia hacia el centro no ocurría de manera uniforme. El proceso depende de dos fuerzas contrapuestas: el crecimiento de la producción primaria y la demanda de bienes primarios en los centros industriales. Si la demanda crece más que la producción, la transferencia disminuye, e incluso los centros podrían devolver parte de los beneficios del progreso técnico a la periferia, lo que mejoraría los términos de intercambio para esta última.
Pero si la demanda de los centros industriales crece menos que la producción primaria, o si tarda en recuperarse tras una crisis, los términos de intercambio se deterioran para la periferia, lo que intensifica la transferencia hacia el centro, en especial cuando la industria pierde dinamismo. Esto ocurre porque la industria tiene un carácter dinámico que la producción primaria no posee en igual medida.
Para Prebisch (1949, pp. 47–63), los desafíos del desarrollo varían entre países debido a diversos factores. Para aumentar la productividad, además de recursos naturales y capacidad técnica de la población, es fundamental incrementar el capital disponible por trabajador en sectores como agricultura, industria y transporte. Esto se complica en países con altos índices de población precapitalista o semicapitalista y rápido crecimiento demográfico, porque aumenta la necesidad de capital.
Sin embargo, generar los ahorros internos necesarios es difícil y las exportaciones –clave para financiar la importación de bienes de capital– suelen ser limitadas. Estas disparidades de capacidad de exportación y necesidades de capital, junto con otros factores, aumentan las diferencias en los retos del desarrollo entre países.
Ante esta división, los países centrales consolidan su dominio gracias al control tecnológico, de patentes y mercados agrícolas.
La agricultura en América Latina requiere incorporar tecnología e inversión para aumentar la productividad y reducir la dependencia externa. (Prebisch, 1949, pp. 70–85).
En este contexto de poder desigual, el nacimiento de la UPOV en 1961 consolidó esas dinámicas. Hasta los ‘60, los materiales vegetales utilizados para el mejoramiento genético eran, en su gran mayoría, de libre acceso (UPOV, 2011, sección “Introducción”). En la era de la Open Science, el conocimiento circuló de forma libre, bajo la concepción de un bien común (Perelmuter, 2011, pp. 53–65). La UPOV nace con la finalidad de fomentar la investigación y el desarrollo de especies vegetales nuevas a través de la protección legal de los derechos de los obtentores y, además, viéndose favorecidas las economías industrializadas. Para ello, los países centrales cuentan con instrumentos, recursos científicos, financieros y técnicos necesarios para desarrollar y crear variedades genéticamente mejoradas y nuevas, las cuales pueden ser amparadas y resguardadas bajo el marco jurídico. Así, la UPOV refuerza las ventajas competitivas de esos países garantizándoles tanto el dominio sobre el acceso como sobre las mejoras e innovaciones agrarias.
Los países periféricos, que poseen estructuras productivas en su mayoría orientadas a la agricultura tradicional y a la producción de bienes primarios, deben enfrentar grandes desafíos para implicarse en el esquema. La capacidad limitada que poseen para producir tecnología los conduce a depender de variedades vegetales protegidas producidas por el centro, a pagar regalías y someterse a restricciones legales. La implementación de semillas privadas ha generado un intenso debate a nivel global, ya que se argumenta que restringe la autonomía de los agricultores, limita la diversidad genética y favorece la concentración del mercado, a pesar de sus potenciales beneficios en cuanto a productividad agrícola y desarrollo de nuevas variedades. Esto condiciona la mejora de su productividad agraria o el avance hacia modelos de desarrollo más diversificados (Prebisch, 1949, pp. 47–63).
Entonces, se puede apreciar que mientras los países del centro utilizan su capacidad tecnológica para tomar los beneficios del progreso técnico, los países de la periferia quedan rezagados al rol de proveedores de recursos básicos, sin poder acceder a las herramientas necesarias para transformar su estructura productiva. En este sentido, la UPOV no puede entenderse solo como un marco técnico de protección de obtenciones vegetales, sino como la institucionalización de las desigualdades entre centro y periferia. El convenio refleja cómo los países centrales consolidan sus ventajas tecnológicas y jurídicas, mientras que los periféricos quedan subordinados a reglas que limitan su autonomía productiva. Con este trasfondo, resulta necesario analizar cómo estas dinámicas globales impactaron en la legislación argentina y en las disputas en torno a la Ley de las Semillas.
La UPOV y la Ley de Semillas
En el plano internacional, dos marcos normativos han resultado fundamentales en la regulación de semillas: la UPOV (Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC/TRIPS) de la Organización Mundial del Comercio.
El UPOV 78, al que Argentina se adhirió por medio del decreto 2183/91, otorgó derechos exclusivos a los obtentores de variedades vegetales, sin requerir patente, pero exigió condiciones de uniformidad y estabilidad genética que generaron la exclusión de numerosos agricultores que tradicionalmente habían utilizado las semillas de manera libre (GRAIN, 2018, secciones 2–4). Esta exclusión se manifestó en conflictos por las restricciones al uso propio de semillas por parte de pequeños productores y generó disputas con organizaciones campesinas y movimientos sociales (Pérez Trento, 2019, pp. 140–148).
El ADPIC, por otro lado, introdujo controles más estrictos y obligó a todos los países miembros de la OMC a reconocer algún tipo de protección para las obtenciones vegetales (Correa et al., 2015, pp. 5–15). En Argentina, estas disposiciones entraron en tensión con la Ley de Semillas N.º 20.247, vigente desde 1973, especialmente en relación con el derecho de uso propio de los agricultores (Pérez Trento, 2019, pp. 129–140).
Los intentos de reformar la ley en 2003, 2012 y 2016 quisieron imponer estándares más restrictivos, promovidos por empresas y organismos internacionales[1]. Estos intentos se encontraron con organizaciones campesinas, académicas y productores que rechazaron estas reformas y alegaban que limitar el “uso propio” significaba una restricción concreta al derecho de guardar y reutilizar semillas (GRAIN, 2018, sección “Derechos del agricultor”; Filomeno, 2013, pp. 346–355). Un ejemplo concreto fue la resistencia a la reforma impulsada en 2016, donde Monsanto y la Bolsa de Comercio de Rosario presionaron para imponer controles como Bolsatech, que rastreaba las semillas a través de su genética y cobraba regalías a quienes las reutilizaban (Bolsa de Comercio de Rosario, 2016, sección “Sistema BOLSATECH”).
Los regímenes de propiedad intelectual sobre variedades vegetales establecidos por UPOV (especialmente la versión de 1991) y el marco ADPIC provocaron tensiones concretas con los productores locales:
Las regalías también tuvieron consecuencias económicas medibles para los productores. Pérez Trento (2019, pp. 129–148) sostiene que el sistema de regalías extendidas impulsado por ARPOV buscaba establecer pagos asociados a la reutilización de semillas protegidas por derechos de obtentor, generando costos adicionales significativos para el sector agrícola. Estas cifras permiten observar cómo los mecanismos de propiedad intelectual no solo configuran un marco jurídico, sino que también se traducen en presiones económicas concretas sobre el agro argentino (Correa et al., 2015, pp. 16–28; GRAIN, 2018, sección “Derechos del agricultor ”).
En suma, las tensiones entre organismos internacionales, marco y normativa nacional dan lugar a un escenario contradictorio: la UPOV y la ADPIC apuntan a fortalecer la lógica privativa, pero en la Argentina la legislación aún preserva espacios de libertad defendidos por productores y movimientos sociales. Esta disputa se refleja con firmeza en los conflictos generados en torno a Monsanto y su sistema de regalías.
Monsanto, regalías y el control sobre las semillas
La introducción de la soja RR en el país en 1996 transformó el modelo agrícola argentino con la amplia expansión de la soja transgénica. Estas variedades transgénicas desarrolladas por Monsanto presentaban tolerancia al herbicida glifosato y fueron adoptadas de forma masiva por los agricultores: prácticamente la totalidad de la soja y gran parte del maíz y algodón sembrados en Argentina correspondían a variedades transgénicas (ArgenBio, 2024, sección “Recursos: Argentina cultivos GM: Campaña 2023/2024”).
Las regalías se convirtieron en el principal medio de control. Desde 1999, la Asociación Argentina de Protección de Obtenciones Vegetales (ARPOV) implementó el sistema de regalías extendidas, que obligaba a los agricultores que reutilizaban semillas a abonar una tasa adicional; asimismo, las empresas tenían permiso para acceder a los campos para tomar muestras y verificar el origen de los granos (Pérez Trento, 2019, pp. 129–140).
El mecanismo fue rechazado por la mayoría de los productores, y la existencia de la “Bolsa blanca” (mercado informal de semillas guardadas y reutilizadas) mostró la dificultad de imponer controles estrictos. Ante esta situación, Monsanto amenazó con irse de Argentina de no aprobarse medidas más rigurosas, como regalías globales: un impuesto a la primera venta de granos, del cual el 95% se destinaría a financiar derechos de propiedad intelectual para los obtentores (Pérez Trento, 2019, pp. 140–148).
El conflicto escaló cuando Monsanto intentó bloquear exportaciones argentinas en Europa, reclamando el uso indebido de su tecnología, lo que derivó en tensiones diplomáticas y gran rechazo del sector productivo local (Correa et al., 2015, pp. 49–63).
En Argentina, los cultivos transgénicos tienen una adopción masiva: según ArgenBio, casi el 100% de la soja y el algodón y más del 99% del maíz cultivados en el país corresponden a variedades genéticamente modificadas (ArgenBio, 2024, sección “Recursos: Argentina cultivos GM: Campaña 2023/2024”). Adicionalmente, este organismo informa que ya se implantaron unas 10.500 ha. de alfalfa y se sembraron 50.000 ha. de trigo transgénico (bajo el sistema de identidad preservada), lo que evidencia no solo la expansión de la tecnología, sino también su diversificación en nuevos cultivos (ArgenBio, 2024, sección “Recursos: Argentina cultivos GM: Campaña 2023/2024”).
Los pequeños productores afrontaron mayores costos relativos que los grandes exportadores: pequeños y medianos productores denunciaron que este sistema limitaba su rentabilidad y aumentaba los costos de producción sin beneficios proporcionales (Pérez Trento, 2019, pp. 129–140), lo que contrasta con la situación de los exportadores y grandes productores, favorecidos en las negociaciones con las empresas y que consolidan aún más la hegemonía del mercado.
El sistema Bolsatech, impulsado por la Bolsa de Comercio de Rosario en 2016 para controlar el uso propio de semillas, permite rastrear su origen con un análisis de ADN. El sistema facilita la identificación y fiscalización del uso de semillas (Bolsa de Comercio de Rosario, 2016, sección “Sistema BOLSATECH”).
El caso Monsanto devela cómo las regalías operan no solo como instrumento económico, sino también como mecanismo disciplinario y de control corporativo sobre los agricultores y Estados, limitando la posibilidad de reutilizar semillas sin pagar regalías (Pérez Trento, 2019, pp. 140–148; Correa et al., 2015, pp. 16–28, 49–63).
Sin embargo, estas dinámicas de control generaron también resistencias y alternativas. Frente a la concentración corporativa y a la privatización de las semillas, comenzaron a aparecer distintos actores y a organizarse en torno a proyectos de semillas abiertas, buscando garantizar el acceso equitativo y preservar la biodiversidad.
Una red global de semillas abiertas
Se han conformado diversas iniciativas de asociaciones internacionales con el propósito de impulsar y promover el uso de licencias de código abierto como modelo de colaboración y para contrarrestar el predominio de las grandes corporaciones en el mercado de semillas . Se pueden nombrar las siguientes instituciones:
Open Source Seed Initiative – OSSI (Iniciativa de Semillas de Código Abierto), Estados Unidos. Organización creada en 2012 por el profesor Jack Kloppenburg, que integra a productores y mejoradores. Propone compartir un pool de semillas, entendidas como bien común, a través de la firma de un compromiso (en inglés pledge) que se transfiere junto a las semillas (Bioleft, 2020, sección “Bioleft en GOSSI, la red global de semillas abiertas”).
Open Source Seeds (Semillas de Código Abierto), Alemania. Organización sin fines de lucro creada en 2017 con el objetivo de crear y cuidar un sector semillero no propietario, que entienda las semillas como bien común. Fundada por Agroecol (Bioleft, 2020, sección “Bioleft en GOSSI, la red global de semillas abiertas”).
Alianza Bioversity – CIAT (Centro Internacional para Agricultura Tropical). Coalición de organizaciones internacionales de investigación por el desarrollo que busca apoyar la agrobiodiversidad en pos de la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático y la mejora de las condiciones de vida. Fundada en 2016, trabaja con mil productores de Kenia, Uganda y Tanzania, quienes prueban, evalúan variedades de un banco de semillas, y liberan variedades abiertas (Bioleft, 2020, sección “Bioleft en GOSSI, la red global de semillas abiertas”)
Seed Savers Network (Red de Salvadores de Semillas), Kenia. Organización que trabaja por las semillas desde 2009, con apoyo de HIVOS. En 2019 documentaron 64 cultivares, evaluaron su valor nutricional y escribieron un policy paper (Bioleft, 2020, sección “Bioleft en GOSSI, la red global de semillas abiertas”).
Green Net (Red Verde), Tailandia. Construyen capacidades para desarrollar semillas de arroz adaptadas al medio local, entendidas como un bien común que los productores puedan compartir y guardar. Están en contacto con redes de producción orgánica e HIVOS. Consideran las semillas un patrimonio cultural sin dueño (Bioleft, 2020, sección “Bioleft en GOSSI, la red global de semillas abiertas”).
MASIPAG, Filipinas. Red de organizaciones, productores e investigadores por el uso y manejo sostenible de la biodiversidad a través del control campesino de los recursos genéticos y biológicos, la producción agrícola y el conocimiento asociado, creada en 1996. Trabaja con 35.000 productores de todo Filipinas, que seleccionan semillas de arroz y maíz para adaptarlas a las condiciones locales. Atesoran más de mil variedades tradicionales de arroz (Bioleft, 2020, sección “Bioleft en GOSSI, la red global de semillas abiertas”).
Centre for Agroecology, Water and Resilience – CAWR (Centro para la Agroecología, el Agua y la Resiliencia), Universidad de Coventry, Reino Unido. Trabaja sobre las relaciones entre conocimiento tradicional, propiedad intelectual y agroecología. Colabora con la biblioteca de semillas Garden Organic y participa de proyectos acerca de la soberanía de las semillas en Zimbabwe (Bioleft, 2020, sección “Bioleft en GOSSI, la red global de semillas abiertas”).
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement – CIRAD (Centro de Cooperación Internacional de Investigación Agronómica para el Desarrollo), Francia. Investiga bienes comunes y sistemas de manejo de la equidad y la diversidad en África occidental. Vincula centros de investigación con procesos internacionales de construcción de políticas públicas en torno a semillas (Bioleft, 2020, sección “Bioleft en GOSSI, la red global de semillas abiertas”).
Seed Savers Exchange (Intercambio de Semillas para Salvadores), Estados Unidos. Se ocupa de promover la conservación de las semillas a través de redes de intercambio; esto alienta a los agricultores a conservar, reproducir y compartir semillas de polinización abierta.
En la Argentina actual, caracterizada por el predominio de la lógica privativa (Cuello, 2023, pp. 30–45) y por la concentración del 60% del mercado mundial de semillas en solo tres empresas (Cremaschi & Van Zwanenberg, 2025, pp. 1–10), emerge Bioleft como una iniciativa nacional de mejoramiento colaborativo y código abierto.
La Argentina y Bioleft
Bioleft está formada por obtentores, investigadores de la UBA y organizaciones agrícolas; busca promover la creación, intercambio de conocimientos y desarrollo de variedades libres de limitaciones de propiedad intelectual.
Uno de sus proyectos más importantes ha sido el de los tomates recuperados. A partir de más de 160 variedades tradicionales obtenidas en su mayoría de bancos de semillas extranjeros, Bioleft organizó multiplicaciones y degustaciones públicas para seleccionar las de mejor adaptación y sabor; luego, se conservaron y liberaron bajo licencia abierta una docena de variedades valoradas por su sabor y rusticidad (Bioleft, 2020, sección “Mejoramiento participativo”; Cremaschi & Van Zwanenberg, 2025, pp. 1–10).
El impacto fue técnico, social y económico:
En 2019, más de 300 huerteros y productores participaron en intercambios y pruebas de campo (Cremaschi & Van Zwanenberg, 2025, pp. 7–10)
Acceder a estas semillas fue más barato que el de variedades comerciales equivalentes (Bioleft, 2020, sección “Mejoramiento participativo”)
Cooperativas y pequeños agricultores ganaron mayor autonomía porque no dependían de las regalías ni de contratos restrictivos
De acuerdo con un productor, el valor del sistema de semillas no radica únicamente en su libre acceso, sino en la construcción colectiva del cultivo (Cremaschi & Van Zwanenberg, 2025, pp. 1–10).
El propósito de Bioleft es consolidar una red nacional de semillas abiertas que garantice acceso equitativo, preserve la biodiversidad y fortalezca la independencia, para demostrar que es posible articular ciencia pública, productores y comunidades en un modelo alternativo frente a grandes corporaciones (Cremaschi & Van Zwanenberg, 2025, pp. 10–13; Bioleft, 2020, sección “Acerca de”).
Sobre la soberanía de las semillas y el mundo
Defender el control del campo sobre las semillas frente al agronegocio es fundamental para garantizar la soberanía alimentaria.
En los ‘90, junto al incremento de la mercantilización agrícola, las resistencias campesinas también aumentaron. Un caso emblemático fue el de Percy Schmeiser, demandado por Monsanto en 1998 por usar semillas Roundup Ready sin licencia.
Para coordinar estas resistencias, La Vía Campesina lanzó en 2002 la campaña internacional "Semillas, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad", que unificó esfuerzos globales contra la privatización y logró popularizar la idea de que las semillas son un bien común, no una mercancía.
Durante la década de 2010–2020, se fortalecieron redes y movimientos vinculados a la soberanía alimentaria y a la defensa de las semillas como bienes comunes, promoviendo intercambios comunitarios, bancos de semillas y prácticas agroecológicas (Patel, 2009, pp. 663–673).
En América Latina, las movilizaciones frenaron reformas legislativas favorables a las corporaciones, como ocurrió en Colombia con la derogación de la Resolución 9.70 en 2013. En México y Venezuela, se frenaron reformas que favorecían al agronegocio, y en Argentina hubo un fuerte rechazo a nuevas inversiones de Monsanto (GRAIN, 2015, sección “Leyes de semillas que criminalizan a los agricultores: resistencia y lucha”).
La soberanía alimentaria aparece entonces como el horizonte que da sentido a las luchas en torno a las semillas. Desde aquí, resulta necesario evaluar qué caminos puede tomar la Argentina para sostener un modelo agrícola más equitativo.
Conclusión
El recorrido realizado evidencia que el debate sobre las semillas en Argentina no puede reducirse a una mera disputa técnica o normativa, sino que constituye un espacio donde se enfrentan intereses corporativos, estatales y campesinos. La contraposición entre modelos de semillas abiertas y cerradas refleja dos esquemas de desarrollo agrario con diferentes niveles de acceso a tecnología, financiamiento y control del mercado. Por un lado, el régimen de semillas cerradas —sustentado en marcos internacionales como UPOV y ADPIC— consolida un ejemplo de dependencia tecnológica, centralización del mercado y disciplinamiento de los agricultores por medio de mecanismos como regalías extendidas o contratos de uso. En contraposición, las experiencias de semillas abiertas muestran que existen alternativas basadas en la cooperación, la ciencia pública y el conocimiento campesino, capaces de sostener la biodiversidad y fortalecer la soberanía alimentaria (Kloppenburg, 2014, pp. 1234–1240).
En los casos analizados se revela que los impactos no fueron homogéneos. Mientras los grandes exportadores pueden adaptarse a los sistemas de regalías, pequeños y medianos productores permanecen en una situación en la que deben afrontar mayores costos y menor capacidad de negociación. La denominada “Bolsa Blanca” y el rechazo a mecanismos de control como Bolsatech ilustran las dificultades de imponer sistemas estrictos de fiscalización sobre semillas en Argentina (Bolsa de Comercio de Rosario, 2016, sección “Sistema BOLSATECH”). Estas resistencias se vinculan con prácticas de defensa de las semillas como bienes comunes impulsadas por organizaciones campesinas, pueblos originarios y movimientos sociales (Perelmuter, 2011, pp. 53–65). Esta tensión pone de manifiesto que el acceso a las semillas también es una disputa por los derechos colectivos y la autonomía productiva, y no solo un debate jurídico.
En paralelo, experiencias argentinas como Bioleft o programas estatales de fomento a la agricultura familiar reafirman que es posible generar alternativas. La creación de variedades abiertas, las ferias de intercambio y los bancos comunitarios constituyen no solo una respuesta a la concentración de las grandes empresas, sino también una apuesta por un modelo agrario basado en cooperación, diversidad productiva y menor dependencia corporativa.
A partir de esto, el Estado aparece como un actor con capacidad de regular el mercado y financiar alternativas productivas. Proteger los derechos de los agricultores será determinante para que la transición hacia un modelo de semillas abiertas no quede confinada a experiencias marginales, sino que se consolide como política estructural (Patel, 2009, pp. 691–706).
De cara al futuro, el camino que debería seguir Argentina pasa por tres ejes fundamentales:
- Fortalecer políticas estatales que reconozcan el derecho de los agricultores a guardar, intercambiar y mejorar semillas, y asegurar su protección en la legislación nacional.
- Ampliar y sostener proyectos de semillas abiertas y bancos comunitarios, como Bioleft, que garanticen la circulación libre y democrática del patrimonio genético
- Reformar el marco normativo argentino de forma tal que dialogue con los compromisos internacionales, pero priorice la biodiversidad y la autonomía de los productores.
En caso contrario, persistir en el modelo de semillas cerradas implica consecuencias como aumento de costos, concentración del mercado, expulsión de pequeños productores y la judicialización de prácticas campesinas históricas como el uso propio. Estos procesos no solo consolidarían un agro concentrado y desigual, sino que limitarían la capacidad argentina para garantizar su seguridad en un escenario global de crisis climática y alimentaria.
La soberanía alimentaria implica que las comunidades definan sus políticas agrícolas y el acceso a alimentos sanos y culturalmente apropiados. Argentina enfrenta no solo un debate técnico, sino también una decisión política: profundizar en un modelo dependiente y concentrado, o apostar por un paradigma alternativo basado en la diversidad, la cooperación y el bien común.
En la coyuntura actual, estas discusiones adquieren una relevancia renovada. En 2022 y 2023, se reactivaron en el Congreso iniciativas para modificar la Ley de Semillas 20.247, impulsadas por sectores empresariales y resistidas por organizaciones campesinas y ambientales, que advierten que “limitar el uso propio” aumentaría la dependencia de los productores respecto a empresas proveedoras de semillas (Pérez Trento, 2019, pp. 140–148). La crisis climática y la creciente vulnerabilidad alimentaria resaltan la necesidad de promover modelos de semillas abiertos que favorezcan la biodiversidad y limiten la concentración corporativa sobre los recursos genéticos agrícolas (Pengue, 2015, pp. 15–37; Patel, 2009, pp. 663–673). En este contexto, la definición de una política pública sobre semillas no puede postergarse: constituye un eje estratégico para garantizar la independencia productiva y enfrentar los desafíos globales actuales.
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Notas
