En las últimas décadas, las sequías han transitado de ser episodios meteorológicos aislados a constituirse en eventos recurrentes y extremos exacerbados por la crisis climática global (Wang et al. 2025). Recientes procesos regionales han encendido alarmas en Chile, Uruguay y los países de la cuenca amazónica. Argentina no resulta ajena a esta tendencia, siendo afectada tanto por el déficit de humedad proveniente del Atlántico como por la retracción de las precipitaciones y nevadas del Pacífico. En este escenario, la comprensión contemporánea de la sequía exige trascender la mirada estrictamente hidrometeorológica dando cuenta del fenómeno también desde las ciencias humanas y sociales (Kohl & Knox, 2016). El presente dossier presenta investigaciones que proponen un abordaje de la sequía desde su complejidad sociohistórica, político-institucional y técnica, analizando diversas formas a través de las cuales el Estado, el campo científico y la sociedad civil han comprendido, gestionado y respondido al fenómeno (Tasso, 2011; Santos, C., & González Márquez, 2021; Ejarque, 2022; Carballo, 2022).

Este dossier se enmarca dentro de un Proyecto de Investigación Plurianual del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas^[1]. Dicho proyecto busca comprender de qué forma las sequías se han constituido en objeto de gobierno e investigación científica, ganando renovado protagonismo en las agendas políticas y científicas en el marco del “nuevo régimen climático” (Latour, 2019). En ese proyecto analizamos específicamente tres dimensiones: 1) la construcción científica y gubernamental del “problema” de las sequías; 2) las respuestas políticas y técnicas que se han desplegado desde el Estado en sus escalas nacional y provincial; y 3) la forma como las agendas académicas y el conocimiento científico en torno de la problemática han circulado entre diferentes escalas y contextos. El objeto de estudio se construyó en articulación entre una escala nacional (Argentina) y una provincial (Mendoza y San Juan) por ser esta última donde existe históricamente un uso intensivo del agua y una mayor institucionalidad sobre la materia. Este objeto complejo busca descentrar la escala de análisis nacional, a la vez que pone en contexto la abundancia de estudios e iniciativas que existen en las provincias de Mendoza y San Juan.

Desde la segunda mitad del siglo XX toma forma el sistema científico nacional con el surgimiento de instituciones como el CONICET, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional del Agua, por mencionar sólo algunos. Para la misma época, las burocracias hidroclimáticas a nivel nacional y provincial adquieren un particular ensamblaje vinculando agendas ambientales y de desarrollo (Haidar, Berros y Levrand, 2015; Gutiérrez, 2018). Algunas de las principales instituciones vinculadas al conocimiento y gestión de las sequías surgen asimismo en ese periodo, como los institutos de investigación sobre Zonas Áridas y de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IADIZA e IANIGLA, respectivamente). Además, para fines de la década de 1960 se percibieron en la región de Cuyo los primeros síntomas de una situación de sequía o escasez hídrica estructural (Frederick, 1975).

Este proceso de institucionalización sentó las bases de una comprensión del problema que perdura hasta la actualidad, pero que se ha mostrado notablemente incapaz de dar respuestas efectivas en la gestión, particularmente dentro de la reciente “megasequía” (CR2, 2015; Garreaud et al. 2017). Estos escenarios se han visto agravados por el cambio climático (Boninsegna, 2013; Barros et al., 2015; Lauro et al., 2022) y por complejos procesos institucionales y políticos (Latour, 2019). El incremento de las presiones sobre el agua y las disputas por su uso entre jurisdicciones, actores y sectores económicos (Boninsegna y Llop, 2015; Montaña, 2013; Mussetta et al., 2018) reconfiguran el problema más allá del mundo hidrológico (Natenzon y Ríos 2015; Quadros Rückert, Dos Santos y Banzato, 2021).

Tomando en cuenta su causas, impactos y momento de aparición, las sequías se han clasificado en diferentes tipos: meteorológicas, agrícolas, hidrológicas y socioeconómicas (Mishra y Singh, 2010). Si bien existen notables síntesis sobre la cuestión como el trabajo de Necco Carlomagno y Aiello (2021), los sesgos disciplinares, regionales e institucionales son igualmente amplios y por momentos antagónicos en torno a las implicancias y respuestas políticas necesarias a lo largo de nuestra Historia (Swyngedouw, 2009; Rojas et al. 2023; Servicio Meteorológico Nacional, 2022; D’Acunto, 2022; Llanes et al. 2022; Garnero, 2022).

Más específicamente, las sequías configuran una problemática que atraviesa múltiples escalas y dimensiones y, en tanto, resulta pertinente analizar los conflictivos procesos de construcción de un problema como significativo y pasible de intervención desde distintos niveles y actores (Martín y Larsimont, 2020; Fragkou et al., 2023; Bolados García, Undurraga e Ibarra, 2025). Discursos y recursos se movilizan constantemente e intersectan las disputas protagonizadas por organismos internacionales, Estados y subdivisiones estatales, actores productivos y movimientos sociales locales y transnacionales, espacios de producción académica y modelos productivos en alza o de futuro incierto (Merlinsky, 2021). A su vez, los impactos adjudicados a las sequías se superponen, solapan e intersectan con demandas, problemas y conflictos socioambientales, muchas veces de vieja data (Martín et. al., 2010; Grosso, 2015; Bernabeu y Martín, 2019; Díaz-Caravantes et al., 2020; Morales et. al., 2020; Rojas et. al., 2023; Prieto et. al., 2024).

Por otro lado, en los últimos años se vienen desplegando conflictos socioambientales que crecientemente incluyen a las sequías y el cambio climático como argumentos frente a la presión extractivista (Álvarez y Castilla, 2026; Wagner, 2021; Rapallini, 2021; Sabattini 2022; Wagner y Rojas, 2025; EJAtlas, 2025). Estos conflictos han reforzado la visibilidad pública de la problemática cuestionando la capacidad de los Estados para encauzar acciones necesarias frente a la crisis ambiental contemporánea.

A nivel nacional, el foco puesto en las sequías meteorológicas de la región pampeana (y, por expansión de la frontera agrícola, en la región chaqueña) es largamente dominante tanto en la ciencia como en las respuestas políticas. En este sentido, existen diferencias notables con la problematización de las sequías de provincias como Mendoza y San Juan, mucho más dependientes de las nevadas y escurrimientos desde la cordillera de los Andes y con un impacto económico y fiscal menor (similar a regiones de la Patagonia extra-andina). Aunque diversos grupos de investigación estudian las sequías, como el equipo de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, el Grupo de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de San Luis o el Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba), lo hacen desde perspectivas y marcos teórico-metodológicos fundamentalmente hidro-climáticos.

En cuanto a las respuestas políticas estatales, a nivel nacional existe la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías, integrada por instituciones nacionales miembros de la Red de Organismos Científico Técnicos para la Gestión del Riesgo de Desastres (Red GIRCyT)^[2]. Este ámbito de articulación genera un mapa mensual unificado de las “condiciones de sequía” para todo el territorio argentino en base al análisis de una batería de índices que las distintas instituciones generan. Es responsable de brindar información sobre el impacto en sistemas productivos a tomadores y tomadoras de decisión. El trabajo se coordina desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), donde convergen distintas instituciones que abordan la problemática de sequías. Complementariamente, existe una comisión técnica que tiene como responsabilidad la elaboración del Plan Nacional de Reducción de Riesgo 2024-2030 y los planes operativos anuales. Estas instituciones realizan acciones de monitoreo, prevención, respuesta y recomposición vinculadas a la ocurrencia de sequías. Recientemente (2022) fue aprobado el Plan de Acción para la gestión de sequías en Argentina.

En el nivel nacional existe una considerable producción científica destinada a la “comunidad agropecuaria” que busca registrar y medir las adversidades climáticas que afectan fundamentalmente a la producción de granos, cereales, oleaginosas y pasturas. El Atlas de las Sequías de la República Argentina (Ravelo et al., 2014) analiza sequías y excesos de humedad a partir de diferentes índices: Índice Estandarizado de Precipitación (SPI), Índice de Sequía de Palmer (PDSI); Índice de Humedad de Cultivos (CMI) e Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) del sensor satelital MODIS (CREAN, 2026). La mayor parte de los estudios de este tipo están concentrados en la región (o llanura) chaco-pampeana. Sus resultados están orientados a la toma de decisiones en torno a la mitigación y adaptación por parte de los “afectados”. Desde estos estudios se sostiene que las sequías constituyen uno de los fenómenos climáticos más perjudiciales para la sociedad con efectos que pueden alcanzar grandes extensiones y largos periodos de tiempo (Thomasz et al. 2024).

A escala regional, en recientes publicaciones se ha cuantificado y analizado el déficit hidrológico de Cuyo y de la vertiente oriental de los Andes centrales, de los últimos años, a partir de indicadores de caudales bajos (Rivera et al. 2021a). En Rivera et al. (2021b) se manifiesta que la insuficiencia de agua en los ríos de San Juan y Mendoza (desde 2010) es récord en los últimos 50 años y que la mayor severidad se produjo en las cuencas de los ríos Atuel y Colorado. En Masiokas et al. (2020) se confirma también, desde diversos métodos glaciológicos y nivológicos (balances de masa, análisis de fluctuaciones de glaciares y manto de nieve) el claro descenso de las nevadas y la disminución de la persistencia de nieve desde 2010 en amplios sectores del centro de Chile y el centro-oeste argentino (Oertel et al. 2018; Ayala et al. 2025). Se concluye que la sequía prolongada no tiene precedentes en los registros hidrológicos, y climatológicos de la región y que las proyecciones anuncian que son procesos que proseguirán (Arias et al. 2014).

Sin embargo ha sido notado hace tiempo la necesidad de complementar dichos estudios con otros que enfoquen sobre la demanda y acceso al agua desde diferentes sectores sociales, muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad social y territorial. En este sentido el trabajo de Elma Montaña (2013) aporta una mirada clara en torno a la manera en cómo se interceptan los escenarios de cambio ambiental con el fenómeno de la pobreza rural en la provincia de Mendoza. Los actores rurales más vulnerables son afectados por mecanismos y procesos específicos cuando la sequía se cierne sobre estos territorios. Al mismo tiempo analiza cualitativamente estrategias políticas e institucionales que podrían mitigar la producción y reproducción de la pobreza rural en contextos de sequías.

Específicamente, sobre San Juan existen una serie de valiosos trabajos hidroclimáticos que explican algunas de las sequías históricas (Guerrero, 1947; Poblete y Bertol, 2001; Poblete e Iranzo, 2012; Lauro et al., 2022). Son trabajos que desde la geografía física, la hidrología o la climatología analizan series de precipitaciones, caudales de ríos con diferentes métodos estadísticos y comparativos entre momentos del siglo XX hasta la actualidad (las primeras series hidrológicas para el Río San Juan datan de 1909). Las crisis en la gestión del agua en San Juan, sus modelos políticos y repercusiones agrícolas han sido estudiadas por varios autores (Miranda, 1999 y 2015; Nozica et al., 2010; Llera et al., 2015; González-Aubone et al., 2014; Rojas, 2021, Moscheni, 2024), sin embargo dichos trabajos no se han enfocado siempre en las sequías ni desde una perspectiva comparativa o multiescalar.

El presente dossier se compone de 6 artículos escritos por investigadores especialistas en la temática e investigadores del proyecto. En conjunto aportan perspectivas complementarias que directa o indirectamente dialogan entre sí y contribuyen a una comprensión “más que disciplinaria” del gobierno de las sequías. A continuación introducimos sintéticamente cada uno de ellos.

Laura Ortega ofrece una perspectiva histórica sobre cómo el Estado mendocino comenzó a recurrir y gestionar a las aguas subterráneas desde 1918 hasta 1955. En su contribución titulada: "La solución subterránea: prolegómenos de la respuesta estatal a la escasez y las sequías (Mendoza, Argentina: 1918-1955)", la autora analiza la trayectoria “sinuosa” de las agencias gubernamentales, demostrando cómo la gestión de este recurso estuvo inicialmente subordinada a la actividad petrolera y fue utilizada en primera instancia para abastecimiento humano (no para el riego). Explica así que aunque durante los años ´30 se promovía el uso de agua subterránea para mitigar las sequías hidrológica, esas iniciativas no tuvieron mayores resultados positivos. Un punto de quiebre sucedió desde 1943, con la expansión de las capacidades estatales y el aumento de personal especializado delegado a tales funciones. Posteriormente, en 1952 la agencia analizada fue incorporada al Departamento General de Irrigación, allí sí quedó asociada al riego, la gestión del agua subterránea, aunque ello no implicó un aumento del consumo, que además, seguía siendo administrado por privados según sus propias agendas e intereses, ello porque el recurso hídrico de acuíferos no era reconocido todavía como público.

En "Claman la emergencia: aplicación de la Ley de Emergencia Agropecuaria como respuesta a 'La Niña' (2020-2023)..." de María de Estrada se analiza la respuesta administrativa -nacional y provincial- frente a la devastadora última gran sequía, aunque para ello, historiza la norma y el contexto sociopolítico. La autora examina las resoluciones y prácticas dictadas bajo la Ley Nacional 26.509 (de Emergencia Agropecuaria sancionada en 2009) producto de “La Niña” 2007-2008, exponiendo las graves disparidades en los criterios de implementación con diferencias de plazos, escalas geográficas y tiempos de respuesta. Si bien la norma y su implementación ha sido relativamente validada por productores, en el artículo se proponen diferentes estrategias para lograr mayor coordinación, unificar criterios técnicos y territoriales así como agilizar los roles administrativos para que las compensaciones sean oportunas y equitativas.

En "Sequía, diferimientos agrícolas y transformaciones productivas en San Juan, Argentina (1988–2024)", Juan Pablo Fili, Juan Jesús Hernández y Margarita Moscheni, examinan los impactos de las políticas de diferimientos impositivos en el régimen socio-hídrico sanjuanino. Los autores demuestran que, si bien estas políticas promovieron una modernización tecnológica, se basaron en una falsa ilusión de acceso al agua subterránea ilimitada. El resultado a largo plazo fue el agravamiento de la crisis hídrica, la apropiación del agua por actores privados y un marcado proceso de concentración productiva.

El artículo de Liber Martín titulado “Gobierno de la sequía, regulaciones de emergencia y estado de excepción” analiza críticamente el papel de las regulaciones de emergencia en el manejo de las sequías, situándolas como un dispositivo central en la gestión contemporánea de la escasez hídrica. A partir de una discusión conceptual sobre sequía y escasez, el autor pone en cuestión la eficacia de los marcos legales tradicionales frente a estos fenómenos. Mediante un análisis hermenéutico de las normas de emergencia y su anclaje en el derecho de aguas, el trabajo muestra cómo estas herramientas tienden a expandirse más allá de su carácter excepcional. En este sentido, advierte sobre los riesgos de su normalización y la posible configuración de estados de excepción duraderos. Finalmente, el artículo llama la atención acerca de la necesidad de reequilibrar los principios en juego, abriendo el debate hacia un enfoque más democrático y sostenible de la gestión hídrica.

En el artículo “Protección de la naturaleza como respuesta eco-gubernamental frente a la sequía en Mendoza, Argentina”, Martin Federico Ortiz analiza la centralidad creciente que la sequía y la desertificación fueron adquiriendo en el discurso gubernamental o, más precisamente, eco-gubernamental. Focalizando empíricamente en la reserva Ñacuñán y en la protección del bosque nativo en Mendoza, el autor presenta una lectura transversal de numerosos documentos publicados en los últimos 50 años. Así, distintos actores son puestos en juego para explicar las tensiones y torsiones en tales discursos, desde el gobierno provincial a entidades públicas pero más autónomas, como los institutos del CONICET orientados a la investigación pero también con responsabilidad sobre la gestión de este área protegida, como el IADIZA. En este largo devenir histórico, el punto de partida serían los discursos eco-gubernamentales orientados a la gestión de la sequía para, pese a todo, hacer aprovechables los recursos en términos económicos. En el último cuarto del siglo XX, no obstante, comenzó a visibilizarse una coalición discursiva que entiende a la sequía como un factor clave para organizar e impulsar la protección de la naturaleza, tanto en el marco de la Modernización Ecológica como en las críticas posteriores a esta. El aporte fundamental del artículo reside en la aplicación de esta matriz conceptual a la “conservación del desierto”, cuyo hito fundacional es la creación de la reserva de Ñacuñán en 1961. Lo distintivo del caso será que en las conceptualizaciones desplegadas desde su creación conviven y van cambiando los discursos de las instituciones del gobierno provincial así como de las entidades científicas.

Finalmente, en “Producción académica sobre sequías en Argentina. Diversidad temática, disciplinar y de circulación del conocimiento, 2020-2025”, Osvaldo Gallardo y Marianel Falconer construyen y analizan un corpus de más de 300 publicaciones científicas sobre sequías en Argentina publicadas entre 2020 y 2025. Al igual que en el artículo anterior, aquí se exploran las definiciones de sequía en un conjunto extenso de documentos, combinando la aproximación bibliométrica con el análisis textual. A diferencia de otros trabajos similares de una escala mayor, en este caso no se han utilizado únicamente las bases de datos bibliométricas tradicionales (como Web of Science y Scopus) sino el repositorio institucional de CONICET y OpenAlex, que resultan más abarcativas de la producción científica en español y desde los países periféricos. El autor y la autora proponen una clasificación del corpus en núcleos problemáticos-conceptuales, que van desde los estudios dendrocronólogicos y la concepción meteorológica de la sequía, hasta el desarrollo experimental para mitigar sus efectos en cultivos de importancia económica y la aproximación desde la historia ambiental. Estos núcleos, además, son puestos en relación con la adscripción disciplinar de sus autores y autoras, revelando prácticas de colaboración fuertemente interdisciplinares.

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Notas