Introducción

El tema de este trabajo refiere a la construcción discursiva de la dirigencia rural en el contexto de la crisis de la convertibilidad y la reconfiguración del modelo agroexportador tras la devaluación de 2002, con especial énfasis en las modalidades asumidas por su discurso político y la edificación de representaciones sociales, tomando como referencia a la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER).

La FARER es una entidad gremial de segundo grado, fundada en 1975, que nuclea actualmente a dieciséis Sociedades Rurales (SSRR) locales distribuidas en las principales cabeceras departamentales de la provincia. Estas asociaciones están integradas principalmente por empresarios agropecuarios medianos y grandes, en su mayoría ganaderos y mixtos, que producen materias primas agrarias, participan activamente en los procesos de acumulación y adoptan decisiones de inversión con proyección regional. A diferencia de entidades como la Sociedad Rural Argentina (SRA), que históricamente representó a las élites propietarias del núcleo pampeano, FARER se constituyó sobre una base más heterogénea y territorializada, con fuerte anclaje en la economía provincial y en la intermediación entre las demandas productivas locales y los gobiernos subnacionales.

Su conformación respondió a la necesidad de articular las trayectorias históricas del asociacionismo agropecuario entrerriano, que había desarrollado desde fines del siglo XIX un denso entramado de representación gremial local. FARER se consolidó como actor clave en la intermediación política del agro entrerriano, canalizando demandas fiscales, crediticias y productivas tanto ante el gobierno provincial como en el marco nacional, a través de su pertenencia a las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad gremial de tercer grado que agrupa a federaciones regionales en todo el país (Sanz Cerbino, 2021). Su accionar combina instancias de negociación institucional con acciones colectivas de protesta, y ha desempeñado un papel destacado en los principales ciclos de conflictividad agraria de las últimas décadas.

Los discursos históricamente sostenidos por las CRA -muy cercanos a las posturas de la Sociedad Rural Argentina (SRA)- se encuadran en lo que Balsa (2012) ha denominado discurso liberal-conservador - asociado históricamente a la defensa del latifundio en etapas previas-, aunque en el período aquí analizado dicho ideario se actualiza en términos de defensa de la gran propiedad diversificada y del rechazo a la intervención estatal-, y Lattuada (1992) ha identificado como posicionamientos liberales extremos -no intervención del Estado en los mercados, liberalización de los precios, negativa a la imposición de nuevos impuestos y el rechazo a tipos de cambio diferenciales o retenciones a las exportaciones-, aunque matizados, ya que recogen las demandas de las entidades de primer o segundo grado que representan a productores regionales, que precisan de la intervención estatal, por ejemplo en la fijación de precios o aranceles a la importación.

El objetivo principal es analizar el discurso político de dicha entidad a partir de un conjunto de técnicas del análisis discursivo, en un contexto social, económico y político específico: la crisis de la convertibilidad y la salida devaluatoria en Argentina entre los años 2001 y 2002. Se presta especial atención a su posicionamiento sobre el contexto económico, social y político nacional y provincial -desde el cual los dirigentes y asociados adoptan decisiones de inversión y producción-; a la evaluación respecto a la política impositiva -impacto de los impuestos nacionales, provinciales y municipales sobre el sector-; y, por último, a las consideraciones efectuadas por FARER en relación a costos de producción y ganancias esperadas.

En función del objetivo planteado y del enfoque metodológico adoptado, este trabajo se guía por la siguiente hipótesis: durante la crisis de la convertibilidad (1998-2002), la dirigencia rural nucleada en la FARER elaboró un discurso político que retomó y reconfiguró elementos del ideario liberal-conservador históricamente sostenido por las CRA, construyendo representaciones sociales que legitimaron su posicionamiento como víctima de las políticas estatales y como motor de la economía nacional. A través de esta narrativa, la entidad buscó incidir en el debate público y en la definición de políticas, reforzando alianzas sectoriales y oponiéndose a medidas fiscales consideradas regresivas para las economías regionales.

Esta hipótesis orienta el análisis del corpus discursivo desde una doble perspectiva: por un lado, como expresión ideológica que articula sentidos compartidos en el interior del sector agropecuario; por otro, como estrategia de intervención política frente a un escenario de crisis y redefinición del modelo económico. La identificación de marcas de subjetividad, argumentos reiterados y oposiciones binarias permitirá reconstruir las operaciones discursivas a través de las cuales FARER produjo sentido, delimitó aliados y adversarios, y formuló demandas específicas en un contexto de alta conflictividad social.

Para tal fin se utiliza como unidad de análisis un corpus de discursos de FARER durante el período mencionado, que incluye una serie de materiales textuales que permiten relevar enunciados, argumentaciones y representaciones. Como estrategia de análisis se adopta el Análisis Profundo del Contenido, desde: a-la examinación de la estructura interna y la intencionalidad; b-los patrones de repetición de palabras o temas; y c-los elementos retóricos y las marcas de subjetividad empleadas. El corpus está compuesto por materiales que identificamos como parte del género “comunicación interna gremial-empresarial” (actas de reuniones de Consejo Directivo (CD), Memorias institucionales y documentos internos); y del género informativo (notas periodísticas relevadas en el medio provincial El Diario), intentando así obtener muestras equilibradas.

En el primer apartado se desarrollan elementos teóricos, conceptuales y metodológicos provistos por la disciplina del Análisis del Discurso, que resultan apropiados para el abordaje del proceso social y de la asociación agropecuaria estudiada; en el segundo se desarrolla un análisis del discurso político y de las representaciones sociales de FARER en el contexto nacional y provincial de la crisis de la convertibilidad; en el tercero se indaga la discursividad asumida por la entidad en el marco de la salida devaluatoria de 2002; mientras que en el cuarto se recogen los principales resultados del análisis en las conclusiones.

Género discursivo, discurso político y representaciones sociales: algunas precisiones teórico-metodológicas

El discurso es una forma particular de la práctica social, centrada en los procesos de producción, distribución y consumo del texto, mientras que un enunciado es la unidad más básica de la comunicación, ésta posee una estructura gramatical y semántica que le permite transmitir información. El discurso escrito se realiza para construir significados, tiene una intencionalidad, destinatarios y se enmarca en un contexto específico, mediado por relaciones de poder y por ideología, lo que es importante para comprender el significado y la función del discurso. La noción de contexto es amplia, ya que hay que tener en cuenta el contexto lingüístico (un enunciado está dentro de una secuencia discursiva) y el contexto espacio-temporal (Calsamiglia y Tusón, 2001). Además, como plantea Angenot (2010), el discurso social monopoliza la construcción de la representación de la realidad y contribuye a edificarla, dado que representar lo real es ordenar y homogeneizar el mundo.

El argumento es una estructura lógica compuesta por una o más premisas que respaldan una conclusión. Las representaciones son construcciones cognitivas y simbólicas utilizadas para comprender y dar significado a su entorno social y cultural. Nos interesan particularmente las representaciones sociales, imágenes mentales que adquirimos y compartimos los sujetos en comunidad y que constituyen nuestras creencias y funcionan como marcos de referencia desde los cuales valoramos el mundo (Raiter, 2010).

Un género discursivo es un conjunto más o menos estable de enunciados en las distintas esferas de la praxis humana. Los diferentes géneros discursivos que utilizamos en la práctica social dependen de la intención del hablante, del tema al que se refiera (de lo que habla), su estructura interna (cómo está organizado), el registro o estilo funcional utilizado (tipo de lenguaje) y su relativa estabilidad (Calsamiglia y Tusón, 2001). Así, identificamos el género primario -utilizado en la vida cotidiana- y el secundario -periodístico, científico, literario, entre otros-. La estructura interna de un discurso está relacionada al objetivo que persigue y a los destinatarios a quienes va dirigido, por lo que podemos referir a una estructura narrativa, argumentativa, descriptiva, dialogal, instruccional o explicativa, en función de que el fin sea persuadir, convencer, informar, entretener o instruir.

El Análisis del Discurso (AD) puede ser entendido tanto como una perspectiva de estudio como un método, ya que “constituye una herramienta fundamental en la realización de estudios sociales y políticos, por lo que permite construir una mirada crítica sobre los fenómenos y las prácticas sociales” (Londoño Zapata, 2016, p. 299), dado que el lenguaje da lugar a múltiples materialidades, por lo que no sólo es una práctica discursiva, sino también política. ¿Para qué analizar el discurso? Santander (2011) afirma que es necesario estudiar al lenguaje en uso y leer los discursos para “leer” la realidad social, ya que las ideas tienen injerencia en su constitución, y propone analizar los discursos como síntomas, no como espejos que reflejan de forma transparente la realidad social, ni los pensamientos e intenciones (p. 210), ya que el lenguaje muestra pero también distorsiona y oculta.

El discurso político, según plantea Raiter (en Londoño Zapata, 2016) suele concentrar los temas de la agenda pública. Son aquellos discursos -emitidos no sólo por dirigentes políticos sino también por todos aquellos sujetos que ocupan espacios de representación institucional y social, como la prensa, educación, sindicatos, organizaciones patronales, entre muchos otros- que buscan influir sobre el espacio público, desplegando para ello una gran cantidad de estrategias, que transmiten ideologías, otorgan tareas específicas a sus destinatarios e interpelan a los ciudadanos, en tanto construyen modelos a seguir.

El análisis del discurso político de las organizaciones rurales durante la crisis de la convertibilidad ha sido abordado de manera fragmentaria en la literatura especializada. Los trabajos de Beltrán (2006, 2011, 2014) han ofrecido una caracterización general del empresariado argentino frente a la crisis del régimen neoliberal, con atención a las alianzas, tensiones y reformulaciones del llamado “Grupo Productivo”, aunque sin focalizar en los discursos de entidades del agro regional. Por su parte, Salvia (2014) analizó el accionar de las asociaciones empresariales del agro a fines de los noventa, destacando antecedentes de coordinación sectorial que prefiguran la “Mesa de Enlace”. En el plano de los discursos gremiales, Balsa (2012) caracterizó las formaciones discursivas del agro argentino como parte de una disputa hegemónica en torno a los modelos de desarrollo, mientras que Lattuada (1992) subrayó la heterogeneidad ideológica de las entidades agropecuarias, especialmente aquellas vinculadas a las CRA, oscilando entre posiciones liberal-conservadoras y demandas de intervención estatal.

Sin embargo, persiste una vacancia en torno a los discursos de las entidades rurales regionales durante el período 1998–2002, en particular en lo referido a su construcción ideológica, sus estrategias de posicionamiento frente al Estado y su participación en las dinámicas de protesta o alianza sectorial. Este trabajo busca contribuir a ese campo mediante el análisis del caso de FARER, incorporando herramientas del análisis del discurso para indagar en la dimensión simbólica de sus intervenciones públicas y gremiales durante un momento de redefinición del régimen de acumulación.

Para la justificación de las fuentes empleadas recuperamos el programa de investigación que propone Alejandro Raiter, quien afirma que para realizar un análisis del discurso político en tanto análisis lingüístico e ideológico se debe establecer la red discursiva a partir de definir un corpus y aplicar un método para describir y comprender las representaciones sociales presentes y constituidas en el discurso (Londoño Zapata, 2016, p. 312). Además, todo discurso que circula en lo social emplea marcas de subjetividad que son esenciales para comprender cómo las actitudes personales, las creencias y los valores influyen en la construcción y en la interpretación de los mensajes. Entre ellas podemos mencionar a: adverbios, adjetivos valorativos, verbos de percepción, expresiones de duda, pronombres personales, ejemplos y anécdotas personales, valoración emocional, figuras retóricas, eufemismos y marcas de apreciación.

En nuestro caso de estudio, el corpus de textos a analizar lo referenciamos en dos géneros discursivos: 1) comunicación interna (gremial-empresarial) -a través de una muestra de dos actas de reuniones de CD, dos Memorias institucionales y tres documentos -dos internos de FARER y uno en alianza con otras asociaciones agrarias-, y; 2) género informativo -una selección de tres notas periodísticas publicadas en El Diario-. Los detallamos a continuación:

a) Género 1: comunicación interna (gremial- empresarial). Se trata de documentos internos de la entidad como resguardo institucional de las deliberaciones y de lo actuado en los diferentes períodos. La extensión es entre 7 y 14 páginas, son documentos formales que, en el caso de las Memorias, fueron preparados por el Presidente y el Secretario en representación de la Mesa Directiva (MD) y están dirigidos a los miembros del CD y asociados de las diferentes SSRR que componen cada institución; mientras que las actas de reuniones de CD son un documento desgrabado por la Secretaría con posterioridad y convertido en texto, dirigido a los consejeros de las SSRR, el cual se entregaba previamente a cada reunión y los delegados -en la reunión siguiente- aprobaban, rechazaban o emitían comentarios que rectificasen algunas partes (la periodicidad de las reuniones de CD era mensual y para las Memorias era anual).

El estilo en ambas es un escrito formal que comienza con una caracterización del escenario nacional y provincial y un posicionamiento de la entidad, para luego describir lo actuado en las distintas mesas de trabajo (Ganadera, Lechería, Agrícola, entre otras) y señalar las estrategias a seguir. En el caso de las actas de Asambleas aparecen las voces de los miembros del CD en las cuales es posible identificar argumentos, debates y polémicas, pero en las Memorias se ve reflejada una unidad. En ambos casos predomina la estructura interna argumentativa y tienen como objetivos reforzar los principios doctrinarios de la entidad, reafirmar su identidad como empresarios agropecuarios -tanto de los dirigentes como de los asociados-. Aunque también poseen una estructura informativa, con el objetivo de acercar información actualizada de reuniones que tenía la MD con funcionarios de gobierno, legisladores e intendentes, dirigentes de otras entidades agropecuarias y empresariales, como así también informar la actuación de los delegados de diferentes comisiones y ante distintos organismos, quienes presentaban un “Informe de gestión”. Además, previo a cada reunión de CD, se enviaban a las SSRR variados documentos con información para su lectura y tratamiento en la sesión, junto con el “Orden del día”.

b) Género 2: informativo. Es el género que predomina en los medios de prensa escrita, generalmente combina relato (o narración) y comentario (o explicación) para generar como producto una nota informativa -noticia-, con pretensión de objetividad y actualidad “de interés público”. Karam (2006) distingue entre texto periodístico -el enunciador narra acciones de determinados sujetos- y discurso periodístico en tanto construcción de una situación comunicativa (puesta en escena: dramaturgia) para generar efectos de verdad, en el marco de un proceso de producción de la noticia que “conlleva una serie de procedimientos o normativas que moldean su contenido (y en el que actuaron) múltiples agentes (fuentes, reportajes, columnistas) y la aplicación de variados lenguajes, estilos y retóricas” (Karam, 2006, p. 183).

Se seleccionaron tres notas informativas del Suplemento Rural de El Diario -que hasta la primera década de 2000 fue uno de los medios periodísticos gráficos con mayor difusión en el territorio entrerriano, de propiedad de la tradicional familia Etchevehere, de extracción política radical y, a su vez, propietaria de una consignataria rural-. Las mismas brindan algunos matices a considerar con respecto al género de comunicación interna, ya que predomina el estilo directo, dado que el sujeto de enunciación -El Diario bajo su línea editorial o periodista que firma la nota- utiliza las propias palabras de los actores a través de la transcripción de pasajes de una entrevista o de comunicados de FARER, para otorgar verosimilitud a los enunciados y “preparar la interpretación pragmática del texto” (Karam, 2006, p. 182).

Crisis, “costo argentino” y “economías regionales”

El modelo de la Convertibilidad (1991-2001) fue establecido por la Ley nacional Nº 23.928 del 1 de abril de 1991, fijaba una nueva moneda y paridad cambiaria de $1: U$S1, la masa monetaria circulante debía respaldarse con la misma cantidad de reservas de oro y divisas del Banco Central, organismo que debía controlar el equilibrio fiscal y no emitir sin respaldo, quedando así congelados los sueldos, salarios, contratos y tarifas, luego de los antecedentes hiperinflacionarios. Pero quedaba sujeto a los ciclos determinados por los flujos de capitales externos -al ingreso de divisas por medio del superávit comercial o por la vía del endeudamiento- (Rapoport, 2010).

Amplios sectores del empresariado nacional y entidades agropecuarias como la SRA y las CRA acordaron con el programa neoliberal de reformas estructurales que ya se insinuaba desde la década de los ‘80: ajuste fiscal, privatizaciones, desregulación y apertura económica, eliminación de organismos estatales de intervención y subsidios a diferentes sectores de la economía. El discurso empresarial que identificó como enemigo a “un Estado deficitario que emitía porque gastaba más de lo que ganaba” gozó de consenso, universalizando intereses particulares y auspiciando su retirada, aunque sin reconocer la importancia de aquél en la generación del capital y en la búsqueda de soluciones (Beltrán, 2006). Una vez puestas en marcha dichas transformaciones estructurales que delinearían ganadores y perdedores, el acuerdo intersectorial se resquebrajaría.

Las CRA -en sus primeros años- y la SRA defendieron las políticas neoliberales de los años 90 -más allá de que la rentabilidad del sector fuera menor que en la década anterior-, ya que incluyeron la implementación de medidas largamente reclamadas como “la desregulación de los mercados agropecuarios, la eliminación de las Juntas de Carnes y Granos, el fin de las retenciones a la exportación y otros impuestos considerados distorsivos” (Salvia, 2014, p. 5). Sus posicionamientos liberales extremos -proclives a la no intervención del Estado en los mercados, la liberalización de los precios, su negativa a la imposición de nuevos impuestos y el rechazo a tipos de cambio diferenciales o retenciones a las exportaciones- la fueron acercando a las CRA a las posturas de la SRA, aunque de manera matizada, ya que recogen las demandas de las entidades de primer o segundo grado que representan a productores regionales, que precisan de la intervención estatal, por ejemplo en la fijación de precios o aranceles a la importación (Lattuada, 1992).

Pero, a diferencia de la SRA, que mantuvo una relación estrecha con el gobierno de Carlos Menem, podemos encontrar antecedentes de alianza de las CRA con otras entidades gremiales en algunas acciones colectivas de protesta antes del inicio del período de conflictividad abierto en 1994. Es así que las CRA participaron de la convocatoria al paro agropecuario de noviembre de 1992 -con movilizaciones en el interior del país- propuesto por FAA y al que se sumó la Confederación Intercooperativa Agropecuaria -CONINAGRO- y del tractorazo y marcha hacia Plaza de Mayo del 27 de julio de 1993 (Giarracca, Teubal y Palmisano, 2008; Azcuy Ameghino, 2007). En la primera de éstas acciones con críticas a la estructura de costos relativos de las unidades productivas generadas por el esquema convertible, sumado a demandas clásicas referentes a la “presión tributaria”, “la falta de crédito” y efectos de la apertura comercial sobre algunas producciones regionales como los lácteos, mientras que en la segunda participó con reclamos tendientes a la refinanciación de pasivos y créditos para la reconversión y recomposición del capital de trabajo, además de exigir reintegros para las exportaciones de las economías regionales (Carini, 2016), evidenciando una situación de crisis para el sector agropecuario en su conjunto, aunque sin cuestionar la esencia del modelo.

Con la crisis de la convertibilidad comenzada en 1998, las cuatro entidades gremiales recién confluyeron en unidad con el paro agropecuario nacional de 72 horas de los días 19, 20 y 21 de abril de 1999, aunque con diferencias en torno a la metodología de protesta que incluyó cortes de rutas y control de carga a los camiones por parte de FAA y CONINAGRO, mientras que SRA y las CRA se limitaron a esperar la convocatoria al diálogo por el gobierno (Salvia, 2014). Es que el modelo de la convertibilidad había impactado sobre todo el sector agropecuario -y en particular en las regiones extra-pampeanas- por el proceso de concentración y centralización del capital agrario y la expulsión de pequeños productores. El agro pampeano manifestó signos de deterioro productivo: si bien el proceso de agriculturización había elevado la productividad, uno de los principales problemas para el sector fue la rentabilidad, asociada a la caída de los precios internacionales de productos agrarios -factor externo- y a la carga impositiva exigida por el Estado nacional y el aumento de los costos de insumos para la producción -factor interno-.

En el marco del escenario de crisis de la convertibilidad -que agudizó el proceso de conflictividad agraria durante el año 2001- la FARER construyó así su discurso:

La actual crisis productiva y económico financiera que soporta nuestro país, lamentablemente ha continuado agravándose con el correr de los días y pese a intensas y permanentes gestiones y pedidos de cambio en el programa económico nacional, poco éxito se ha tenido y continuamos siendo víctimas de una torpe política económica que FARER ha definido como anti-producción, ya que la misma está basada en caprichosas medidas que tienden a marginar y desplazar a los genuinos actores productivos de las economías regionales, favoreciendo en su lugar, por inmediata consecuencia, a intereses especulativos y ajenos con la legítima creación de riqueza, única solución que posibilitará el empleo digno y el aporte de divisas al país, condición más que necesaria para cambiar la actual situación en que estamos. (Memoria del Ejercicio 1/10/2000 al 30/9/2001, p. 1).

El posicionamiento discursivo de los dirigentes de FARER es el de constituirse como representantes de las economías regionales (sus “genuinos actores productivos”, “desplazados”) y defensivo (“víctimas”) de un modelo “anti-producción”, identificando como enemigos a funcionarios del gobierno nacional (quienes han ejecutado una “torpe política económica” -adjetivo valorativo-) y al sector financiero “especulativo” (sus acreedores). Estas premisas argumentativas les permiten concluir que las demandas del sector (sin diferenciación en la diversidad de actores agrarios) no fueron atendidas, por lo que la crisis (“lamentablemente” -valoración emocional-) se hizo evidente. Esto refuerza la representación social del “campo” como motor de la economía argentina, cuyos actores son los “legítimos creadores de riqueza” (y de divisas).

En otro discurso identificamos la repetición de palabras y expresiones. Hay un patrón que se reproduce y que refiere al “costo argentino” y a las “economías regionales”:

…“estos famosos planes de competitividad, de los que nosotros participamos del inicio de dos de ellos -carnes y maíz- y nos retiramos porque veíamos que eran una farsa. De lo que se trataba era ganar tiempo y no había intenciones de avanzar en serio”. La discrepancia de Fagalde con dichos programas, esencialmente, se centra en que “no corrigen el costo argentino” sino que “cambian algunos impuestos por otros más regresivos todavía para la producción primaria”. Ejemplificó, en este sentido, que “el impuesto a las transacciones financieras es doblemente más perjudicial que el impuesto a los intereses” (…) Fagalde, entonces, reclamó que se destrabe en serio a las actividades productivas y apostar a la producción real y no ficticia para el crecimiento de las economías regionales. La única salida que hay -remarcó- es apostar a una producción competitiva en materia de costos. Tenemos ventajas comparativas pero lamentablemente una torpe política económica no nos deja competir en el mundo y nos saca de los mercados”, fustigó. (Danilo Lima, El Diario Rural-Sección 2, p. 1: “Fagalde calificó de “farsa” a los planes de competitividad”, 1/10/2001).

En esta nota informativa, el periodista entrevista al presidente de FARER en el contexto de la “107ª Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio”, organizada por la SR de Concordia. Utiliza el estilo directo para generar el efecto de verosimilitud al poner en escena la propia voz del dirigente rural, además de evidenciarse algunas marcas sutiles de aprobación a su discurso político crítico, como el verbo con que cierra la nota, “fustigó”.

La metáfora referida a “destrabar la actividad productiva” está vinculada a reforzar la propuesta de la entidad de bajar los impuestos que hacen al “costo argentino” de la producción. Además, se vuelven a sostener las premisas acerca de “la torpe política económica” que beneficia al sector financiero (ficticio) y la necesidad de “apostar a la producción real”.

La conclusión del argumento sirve para sostener la representación del “campo” (en especial “las economías regionales” compuestas por los productores a quienes representa) como sector de la economía competitivo en el mundo.

En el marco del debate sobre los efectos de la convertibilidad y el posicionamiento del agro frente al Estado, resulta clave considerar la emergencia del denominado “Grupo Productivo”, una articulación empresarial que, si bien tuvo un perfil nacional y multisectorial, compartía con entidades como FARER una crítica a los efectos distorsivos del régimen cambiario y una demanda de “producción real” como salida a la crisis. Este grupo intersectorial fue un frente empresarial creado el 23 de agosto de 1999 e integrado por la Unión Industrial Argentina -con fuerte peso del Grupo Techint-, la Cámara Argentina de la Construcción y las CRA -en oposición a los sectores financieros y de servicios- que comenzarían a plantear una revisión crítica del pasado y una crítica velada a la convertibilidad, aunque sin sugerir abiertamente una salida de ésta (Beltrán, 2014). Su propuesta consistía en el aliento a la producción y la necesidad de un régimen de fluctuación cambiaria por la pérdida de competitividad y la distorsión de precios relativos, que implicaría un “giro nacional y productivo” que sostendría el mercado interno y las empresas locales, dejando de privilegiar las actividades financieras.

Durante el año 2001 ni estos actores que propugnaban la devaluación ni aquellos que plantearan la dolarización de la economía -como la Asociación de Bancos Argentinos (ABA)- lo manifestaron abiertamente, pero “se concentraron en deslegitimar la opción que se contraponía a sus intereses” (Beltrán, 2014, p. 309). Mientras que la SRA fue la entidad que sostuvo la necesidad de continuidad de la convertibilidad sin modificaciones, hecho que la distanció de las CRA y de las restantes asociaciones agropecuarias que consideraban en su diagnóstico los efectos adversos de las reformas estructurales -como la desaparición de productores, la concentración de la propiedad y la extranjerización en el agro-.

El descrédito de gran parte de la sociedad a los dirigentes y partidos políticos se evidenció en las elecciones de medio término de octubre de 2001 (con la derrota del oficialismo). Las protestas de movimientos sociales, desocupados y sectores sindicales, sumadas a las de los ahorristas contra los bancos (por el denominado “corralito”), los cacerolazos de los sectores medios y los saqueos a supermercados en diferentes ciudades, contribuyeron a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001 y, con la llegada al poder de Eduardo Duhalde, al final de la convertibilidad.

En el siguiente discurso, ya en el contexto de la salida devaluatoria de la convertibilidad en 2002, la MD de FARER incorpora otros significados sobre el “costo argentino” y acerca de los sectores económicos beneficiados con los cuales rivalizaba:

Durante la vigencia de la convertibilidad y de la paridad $1 a 1U$S, mantuvimos con firmeza la necesidad de la racionalización del elevado gasto público, como así también la alevosa transferencia de fondos que por ganancias de empresas se iban de nuestro país. En reiteradas oportunidades e incluso muchas de ellas, con productores, sosteníamos estos principios elementales que motivaban un alto costo argentino que llegaba a límites de la confiscación ya no sólo de la renta de las economías regionales, sino del capital. Además encontrábamos las grandes consecuencias que la salida de ello originaría luego de las tremendas garantías que gozaba aquel sistema que se había implantado en Argentina. La ruptura de la paridad, originaría una devaluación y su consecuente inflación y como tal, la misma repercutiría como es histórico en ello, sobre el salario (mercado interno) y sobre los sectores que no fijan precio a su producción , en ellos, el único es el agropecuario, con un agravante, todo lo que llamábamos “costo argentino” rápidamente recuperaría su incidencia, ya que muchos agroinsumos eran importados y otros como el de los combustibles y/o servicios estaban en manos de quienes ajustarían sus precios, en consecuencia los beneficios de aquella salida de la paridad no serían tales como se explicaba. (Memoria del Ejercicio 1/10/2001 al 30/9/2002, p. 13).

Además del sector financiero beneficiado, FARER identifica aquí a las empresas de servicios privatizadas durante los años 1990 como otros sectores favorecidos por la política económica nacional, los cuales a través del encarecimiento de combustibles como el gasoil, los peajes y los insumos elevaban el “costo argentino”, a partir de lo cual se producía la “confiscación ya no sólo de la renta de las economías regionales, sino del capital”, enunciado que muestra una marca subjetiva de desaprobación. Sobre el final del texto se puede apreciar una representación social con la cual la entidad se mostraría particularmente interesada en confrontar: la de “el campo como sector más beneficiado por la devaluación” -que será retomada en el siguiente apartado-.

De la “Alianza entre el Estado y la Producción” a “las odiadas retenciones”

La crisis económica, social y política y las movilizaciones hacia fines de 2001 contribuyeron a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. El nuevo presidente Eduardo Duhalde impuso la salida devaluatoria al comenzar el año 2002, la cual supuso la fijación de un tipo de cambio competitivo que permitió dinamizar las exportaciones y, a su vez, se planteó en los primeros meses de ese año el restablecimiento de las retenciones a los productos agropecuarios, que posibilitaría al aumento de la recaudación tributaria y la recomposición de las cuentas públicas (Varesi, 2011). Las demandas de las entidades agropecuarias se dirigieron hacia la refinanciación de deudas en dólares, como también con respecto a que no se implementasen las retenciones, por lo cual el presidente de la Nación se había comprometido a sostener una “alianza con el sector productivo”. El discurso político de FARER se refirió a tres dimensiones de la producción (contexto, rentabilidad y estructura impositiva) y el eje de su posicionamiento fue la desconfianza:

El presidente de Farer Martín Fagalde, ante las nuevas medidas económicas implementadas por el gobierno de Eduardo Duhalde se preguntó, en primer lugar, “quiénes pagamos la devaluación” y puso en duda que la nueva administración vaya a terminar con los “privilegios del sistema financiero y de las empresas de servicios privatizadas”. Advirtió que “los problemas estructurales” de la producción agropecuaria “no se arreglan con una devaluación” y advirtió que, más allá de que no se reimplanten las odiadas retenciones, el campo seguirá padeciendo por su endeudamiento en dólares y porque deberá seguir comprando los insumos también en la moneda estadounidense. Expresó su preocupación porque, independientemente de la ley aprobada ayer, “el gasto público, la mala asignación de los recursos, los privilegios y los subsidios a las empresas privatizadas siguen estando”. “Ojalá se pueda” la alianza que prometió Duhalde entre la política y los sectores productivos. Antes de conocerse las medidas FARER había emitido un comunicado titulado Otra estafa en puerta, que de concretarse sería una nueva frustración. (El Diario Rural-Sección 2, p. 1: “Farer duda que el Gobierno termine con los privilegios”, 7/1/2002).

En esta nota informativa hay varios adjetivos valorativos negativos: las “odiadas” retenciones, la “mala” asignación de los recursos, la devaluación como “estafa”. Predomina una intencionalidad argumentativa que refuerza una idea de desconfianza y un posicionamiento discursivo defensivo al hablar del “padecimiento” de todo “el campo”. La opinión de El Diario, emisor del mensaje, se confunde con la voz del dirigente rural en tanto no se consigue determinar cuándo empieza y cuándo termina el enunciado (¿falta el entrecomillado?) y, por lo tanto, para quién o quiénes la medida es “una nueva frustración”.

En enero de 2002 había dos temas claves sobre los que las entidades nacionales del agro esperaban aún una definición por parte del Gobierno nacional: 1) la pesificación de las deudas en dólares contraídas por los productores durante la paridad cambiaria uno a uno, que superaban los 100.000 dólares y que no habían ingresado en el paquete de medidas; y 2) la posibilidad de reimplantación de las retenciones a las exportaciones en el marco de la devaluación del 40 % del peso (un dólar igual a 1,40 pesos era el valor oficial, pero al dejar fluctuar al mercado un dólar libre, éste estaba superando semana a semana ese valor). Estas demandas motivaron la concreción de una reunión entre el presidente Eduardo Duhalde y su equipo económico y de Agricultura con los representantes de CRA, SRA, FAA y CONINAGRO, quienes afirmaron que éste se había comprometido en que no habría retenciones para el sector y en sostener la alianza con el sector productivo. Estas cuatro corporaciones acercaban posiciones en una coyuntura en la que se reinstalaba la idea de “campo” como unidad monolítica (Lissin, 2010), situación que a nivel provincial también se reeditó con la conformación de un frente común.

La designación de José Ignacio De Mendiguren -presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)- al frente del recientemente creado Ministerio de la Producción institucionalizó las propuestas del sector productivo pero significó la desintegración del Grupo Productivo, ya que para los empresarios del agro y de la construcción ese hecho implicó que se priorizaran los intereses de los industriales y se relegaran los de los otros sectores (Beltrán, 2014).

En cuanto a las retenciones a las exportaciones, éstas fueron impuestas por el Decreto 310/02 el 4 de marzo de 2002 y anunciadas por el ministro de Economía Jorge Remes Lenicov, estableciendo alícuotas de 13,5 % para soja y girasol, 10 % para otros productos primarios y 5 % para carnes, lácteos, harinas y aceites de soja y girasol. El ministro las justificó porque aportarían 1400 millones de dólares y servirían para financiar planes sociales y de obra pública, aliviando el cronograma de futuros vencimientos de deuda. Por parte de las asociaciones agropecuarias entrerrianas se dio el caso de rechazo y movilizaciones de protesta, con una alianza entre FARER y la FAA de Entre Ríos, que provocó una ruptura con la FAA nacional -que había apoyado la medida- (Wilson, 2023). Tras un reajuste en abril, que llevó las retenciones al 20% -y la soja al 23,5%- para moderar el aumento del tipo de cambio en los precios internos, la SRA, las CRA, FAA y CONINAGRO se alinearon en su contra.

En ese contexto, la FARER produjo un documento interno en el cual se emite un discurso que, si bien estaba dirigido a reforzar el posicionamiento político de sus asociados, el contradestinatario fue el Gobierno nacional:

El lamentable hecho del Gobierno Nacional de imponer retenciones a las exportaciones agropecuarias nos vuelve a años de atraso, marginación y real retroceso productivo, lo que sin duda alguna condicionará en un futuro inmediato la única posibilidad cierta y concreta de generar la tan ansiada reactivación económica basada en la real generación de riqueza genuina.

Sin pretender remarcar sobrados argumentos que demostrarían el perjuicio a las economías regionales, nos permitimos afirmar con total y absoluta convicción, que este retrógrado, inequitativo y perjudicial sistema tiende a restar a límites incomprensibles a los aceleradores directos de nuestras economías regionales.

Mediante las mal llamadas retenciones, intentan gravar con este IMPUESTO de manera específica al interior del país productivo, ya que por su incidencia directa este impuesto recae por su lógico traslado sobre el productor primario, quien pasará a obtener por su producción un 20% menos, con el agravante que para sus insumos deberá afrontar con un dólar libre, condición que sumada a un real aumento de sus costos en dólares, ya observada, producirá sin dudas algunas los enormes perjuicios por todos conocidos. Desde el punto de vista “macroeconómico” nuestros líderes financieros reales dominantes en nuestra economía nacional, pretenden justificar con esta discrecional imposición el famoso “cierre de las cuentas”, evadiendo con ello realizar el necesario ajuste del Estado, que tenga como fin terminar con la “fiesta” que tanto daño nos causa a la sociedad argentina en su conjunto. (Documento: “Retenciones”, entregado a las SR previo a la Reunión de CD del 6/7/2002).

En este discurso de estructura argumentativa podemos identificar varias marcas de subjetividad. Valora negativamente lo dispuesto por el Gobierno nacional con el adjetivo “lamentable” y a las retenciones como un impuesto “dañino” y “retrógrado”. Nuevamente el posicionamiento utilizado es un “nosotros” -sin excluir a ningún actor agrario- con el matiz de defensa de “las economías regionales”. La figura retórica de la “fiesta” para referirse al gasto público del Estado opera como metáfora que alude a un evento en el que se gastan recursos sin sentido. En la misma sintonía, una de las voces en el CD planteó que:

…nuestra pelea hoy debe ser contra el gasto público, contra el gasto estatal, contra todos los gastos que hace el estado en forma indiscriminada, y tenemos que volver a pelear por una Asamblea Legislativa en Entre Ríos, en donde unánimemente le demos mandato a nuestros legisladores para que reduzcan el 30 o 50% del gasto público y prohibirles que voten de acuerdo a lo que les exigen los partidos. (Acta de reunión de CD realizada el 2-6-2001, p. 7).

El ajuste propuesto sobre el sector público es un concepto que denota una concepción liberal de Estado, pero que -como ya lo señalara Lattuada (1992)- entra en tensión cuando estas entidades regionales precisan de la intervención (y de los recursos) del propio Estado en coyunturas de emergencia agropecuaria (como sequías, inundaciones, entre otras) o cuando necesitan de políticas de protección a través de precios mínimos, subsidios para la compra de insumos y acceso a servicios diferenciales, o aranceles a productos importados que compiten con su producción.

Como ya se mencionara, los inicios de un modelo productivo-exportador tras la salida de la convertibilidad generaron debates, opiniones públicas y discursos políticos que entraron en colisión. Se argumentaba en torno a dos representaciones sociales bien demarcadas: 1) los actores económicos más beneficiados habían resultado ser los sectores agroexportadores (esto incluía a una diversidad de empresas agroexportadoras como cerealeras y frigoríficos, y otras del sector primario como las mineras y de hidrocarburos) y los productores de materias primas agropecuarias -sin distinción de tamaño, zona o capacidad productiva-; y, 2) la convertibilidad había mantenido un tipo de cambio atrasado, y la devaluación -si bien favorecía a los sectores productivos al mejorar la competitividad externa-, era un requisito que debía ser acompañado por otras políticas agropecuarias, para que todos los actores de la cadena agroindustrial resultasen beneficiados, teniendo en cuenta a su vez que en 2002 los precios internacionales habían comenzado a recomponerse.

En el marco de una reunión de CD, en que se comentara acerca de un encuentro con otras organizaciones empresarias y con legisladores entrerrianos, el discurso de FARER fue:

Se abundó mucho en el diagnóstico y muy poco o nada en la solución, ya que si bien todos saben que hay que achicar el déficit provincial, nadie quiere ir por los necesarios recortes de gastos que debe hacer la provincia y con preocupación se escuchó a intendentes tales como el de Concordia que propone aumentar los ingresos vía impuestos al campo que es el sector más beneficiado según él, otros no tan precisos mencionaron aumentar impuestos sin ser tan específicos. Luego del informe el Consejo Directivo evalúa una estrategia sectorial para combatir estos erróneos conceptos, que proponen salidas demagógicas que generan mayores daños para las economías regionales, ya que marginan al sector privado. (Acta de reunión de CD realizada el 2-11-2002, p. 2).

FARER tomó partido por la segunda representación social (el sector agropecuario no era beneficiado por la devaluación), añadiendo un matiz acerca de la situación de dificultad financiera que estaba atravesando la provincia de Entre Ríos: ante la falta de dinero circulante, el Gobierno había emitido los Bonos Federales -una moneda devaluada en relación al peso pero que fue utilizada para los gastos corrientes, entre ellos el pago a empleados públicos-. El “nuevo impuesto” aludido eran tasas municipales para explotaciones agropecuarias que quedaban comprendidas dentro de ejidos urbanos, la cual resultaba una “salida demagógica” de los intendentes. En esa dirección, tanto FARER como FAA, SRA y FEDECO establecieron una alianza. En un comunicado conjunto expresaron que:

Los productores plantearon que no reciben servicio alguno como contraprestación desde los municipios en cuestión, y que por otra parte, estas comunas reciben el 24% de coparticipación en el impuesto Inmobiliario provincial, hecho que caracteriza a la actitud como una lisa y llana doble imposición y sólo persigue fines recaudatorios para financiar estructuras políticas personales. Pero lo más significativo del caso, serán las consecuencias que este “nuevo impuesto” va a originar en las economías regionales.

Los legisladores y funcionarios escucharon a las entidades, quienes con su argumentación recibieron una total coincidencia con el planteo y el compromiso de tomar cartas en el asunto y poner fin, a lo que los productores consideran un absurdo (...) consideran que es esta una excelente oportunidad para que el Estado, después de muchos años, salde una cuestión económica a favor de las economías regionales, ya que la producción solo ha recibido gestos que solo los ubicaba como una fuente de recaudación, impidiéndoles de esta forma, poner en marcha su potencial, el que funcionando a pleno genera un fuerte aporte a la economía provincial y a la creación de genuinas fuentes de trabajo. (Comunicado: “La producción entrerriana espera una respuesta. Por el cobro de tasas a las EAPs.”, noviembre de 2002)

Esta situación en Entre Ríos reflejó una dimensión específica del conflicto entre el agro y el Estado: el traslado de las tensiones fiscales desde el plano nacional hacia instancias subnacionales, en este caso municipal. Frente a un escenario de crisis financiera provincial y limitaciones de caja, los municipios buscaron nuevas fuentes de ingreso, lo que generó una reacción inmediata de las organizaciones rurales, que percibieron esas tasas como un capítulo local más de una política impositiva regresiva. En este sentido, la narrativa de FARER integró la cuestión tributaria provincial a un marco discursivo más amplio de oposición al Estado recaudador, reforzando su posicionamiento en defensa de “las economías regionales” y del “interior productivo”.

Algunas conclusiones

Las estrategias discursivas desplegadas por FARER hacia los años 2001 y 2002 permiten identificar con claridad su posicionamiento político e ideológico frente a un contexto de crisis y transformación del régimen económico. A través de una narrativa predominantemente defensiva, la entidad se presentó como víctima de una “torpe política económica” impulsada desde el Estado nacional, a la vez que se proyectó como representante legítima del interior productivo y de las economías regionales. Esta construcción discursiva estuvo anclada en una modalidad liberal-conservadora históricamente sostenida por las CRA, aunque adaptada a las especificidades del escenario post-convertibilidad.

En este marco, FARER reactualizó sentidos tradicionales del agro como “motor de la economía” y del Estado como agente confiscatorio, estructurando una representación dicotómica entre “productores genuinos” y “sectores privilegiados”, que incluía a los actores financieros, las empresas de servicios privatizadas y determinados niveles del gobierno. Esta narrativa se apoyó en recursos retóricos (valoraciones negativas, metáforas, marcas de subjetividad) y en la construcción de un “nosotros” rural que aglutinaba al conjunto del sector agropecuario, desdibujando las diferencias internas.

El análisis de los dos géneros discursivos seleccionados -la comunicación gremial interna y la prensa escrita- permitió observar cómo la entidad diseñó intervenciones diferenciadas según el público y el objetivo comunicacional, sin perder coherencia ideológica. Las alianzas con otras entidades gremiales, la apelación al discurso técnico-productivo y la resistencia a medidas fiscales como las retenciones o las tasas municipales configuran una estrategia discursiva que excede lo gremial y se inscribe en una disputa por la legitimidad y la redistribución en un modelo en reconfiguración.

En definitiva, el discurso político de FARER no solo respondió a intereses materiales inmediatos, sino que también articuló una visión de mundo y un proyecto sectorial que buscó incidir en la opinión pública, condicionar al Estado y legitimar su lugar en el nuevo orden económico. Lejos de ser una mera reacción coyuntural, esta construcción discursiva condensó tradiciones ideológicas, experiencias históricas y demandas de clase que siguen operando como marco de interpretación en el agro argentino contemporáneo.

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