Alimentación, un derecho humano fundamental

“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla.” Así lo estableció el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité de DESC) en 1999, en su comentario general 12, así mismo Olivier de Schutter (2011) propone 3 elementos claves para que este derecho se lleve a cabo:

• Disponibilidad. Que está vinculado con que haya fuentes naturales para que pueda obtenerse alimentos, ya sea mediante la producción de alimentos u otros medios como la pesca, la caza y la recolección.

• Accesibilidad. Que está vinculado a la posibilidad física y económica para contar con alimentos, sin comprometer otras necesidades básicas (medicinas, gastos escolares, etc.)

• Adecuación. Ligado a la cantidad de nutrientes que deben tener los alimentos y el estar libres de sustancias adversas como es el caso de residuos de agrotóxicos, hormonas o medicamentos veterinarios y contaminantes procedentes de procesos industriales.

En este sentido el derecho a la alimentación, no sólo está vinculado con el tener acceso a una cantidad de calorías suficientes para realizar las funciones vitales, sino que tenemos que hablar de un derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, culturalmente adecuada, y respetando los derechos de las comunidades campesinas e indígenas, los alimentos desde esta perspectiva son un medio complejo por el cual se crean, reproducen y transforman identidades, relaciones socioambientales y fenómenos culturales, y que contribuyen a la imagen completa del individuo y de la comunidad (Micarelli, 2020).

En la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales de las Naciones Unidas, se pone un especial énfasis en esta visión sistémica sobre el derecho humano a la alimentación, cuando señala que “Los campesinos tienen derecho a la soberanía alimentaria, que comprende el derecho a una alimentación saludable y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y el derecho a definir sus propios sistemas de alimentación y agricultura”.

Desde esta perspectiva el derecho humano a la alimentación esta íntimamente vinculado con el de la soberanía alimentaria, concepto que emerge de las organizaciones campesinas sumadas a la vía campesina y que plantea que el derecho a una alimentación digna también está vinculado con el derecho al uso y la gestión de la tierra, las semillas y la biodiversidad, el reconocimiento de los diferentes saberes y prácticas locales (Ariza et al., 2019), con énfasis en los circuitos locales de producción y consumo, el cuidado de la naturaleza y la sustentabilidad de los agroecosistemas y la capacidad que los pueblos tienen para definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas, así como el reconocimiento del papel específico de las mujeres en todo ello (Calle et al., 2013; Gallar et al., 2016).

De esta forma, el reconocer estos derechos y sus principios suponen una forma efectiva para alcanzar una verdadera Seguridad Alimentaria en un contexto de respeto a la vida digna y libre que propugna la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Crisis Alimentaria

El problema es que en muchos lugares no se respeta y se impulsa el tema de una alimentación adecuada como derecho humano, por lo que muchas personas no tienen hoy la posibilidad de acceder a una alimentación adecuada, lo que provoca un problema muy serio de inseguridad alimentaria, reflejándose de múltiples formas. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) existen cerca de 690 millones de personas con hambre, y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) señala que 135 millones padecen hambre severa y otros 130 millones de personas más, podrían estar en esta categoría, a partir de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.

Si a eso sumamos que para el 2016 según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud más de 1900 millones de adultos tenían sobrepeso y de ellos más de 650 millones era obesos, adicionalmente más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) también estaban en esta condición. El problema es serio y un gran reto para poder avanzar hacia una verdadera seguridad y soberanía alimentarias, hoy por desgracia muchas personas pueden pasar de la desnutrición a la obesidad, sin nunca haber estado en una condición adecuada de alimentación y salud (Fonseca et al, 2020).

Este problema está íntimamente vinculado con las formas de producción, transformación y comercialización del sistema alimentario industrializado, que privilegia la ganancia económica frente al bienestar de las personas y que es dominado por un número reducido de empresas multinacionales, que poseen tanto poder que pueden incidir en las políticas públicas vinculadas con la producción y el consumo, tan sólo diez empresas manejan un tercio del mercado mundial de semillas, entre ellas, empresas como Bayer-Monsanto que, a su vez, forman parte de la decena de transnacionales que controlan el 80% del mercado de insumos químicos (Calle et al, 2013).

Así se van imponiendo modelos de producción basados en grandes extensiones de monocultivos que demandan una cantidad elevada de insumos, semillas mejoradas, muchas de ellas transgénicas y que provoca perdida de la fertilidad del suelo, degradación de los ecosistemas, migración y pobreza (Altieri et al., 2021; Le Coq, et al., 2017), baste señalar como ejemplo, el caso de dos cultivos que hoy son base importante de la comida procesada y ultraprocesada, la soja (Glicinemax) en el 2020 el departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA-FAS[1]) reportó una producción de más de 363 millones de toneladas, de las cuales Brasil produjo por arriba del 37% y con la producción de Argentina y Paraguay se obtuvo más del 54% de la producción global. En el caso de la palma de aceite (Elaeisguinnensis) se produjeron casi 73 millones de toneladas, tan solo Indonesia cosechó más del 65%, recordar que Brasil e Indonesia están reconocidos como dos de los países con mayor megadiversidad y que en ambos países la degradación de estos recursos genéticos se ha intensificado, conforme la superficie agrícola se ha incrementado, se incrementa una gran emisión de gases de efecto de invernadero, según datos de Grain (2012) la industria alimentaria trasnacional es responsable entre el 44 y 57% de las emisiones totales de los gases de efecto de invernadero, además de la perdida de la fertilidad del suelo, la contaminación de cuerpos de agua y una gran cantidad de personas desplazadas por la agroindustria, acabando con la riqueza cultural y biológica en muchas regiones (Sarandón y Flores, 2014; Junquera, 2020).

Ejemplo de ello, es una nota publicada en el Diario el País el 31 de mayo del 2021[2], cuando señala que la multinacional Nestlé (la compañía alimentaria más grande del mundo, con un 17.8% del mercado (ETC group, 2019), reconoció en un reporte interno, enviada a los directivos de la empresa suiza a principios de año, que más de 60% de los productos que vende —desde chocolates y golosinas a cereales para el desayuno y helados— no cumplen con los criterios necesarios para ser saludables y que algunas de las categorías de bebidas y alimentos que produce “nunca serán saludables por mucho que se renueven”.

Sin embargo aunque se conozca el problema y sus consecuencias, es difícil dejar de consumir esta comida, debido en muchos casos, a que las tareas de la cocina doméstica han sido transferidas, en gran medida, a la industria, ocasionando el incremento del consumo de alimentos procesados industrialmente dentro y fuera del hogar, lo que ha provocado la reducción en los tiempos de preparación de alimentos, visto como una ventaja para familias que trabajan grandes jornadas, invisibilizando en muchas ocasiones los problemas de salud ya que cuando el consumo excesivo de estos alimentos, bebidas e ingredientes reemplaza el consumo de alimentos más saludables, con menor contenido energético y ricos en nutrimentos, se dificulta alcanzar la ingestión diaria recomendada de vitaminas y minerales, a la vez que se excede el consumo de energía, por otra parte el consumo de esta comida produce una enorme cantidad de residuos inorgánicos (Reyes, 2017; Fernández-Gaxiola et al, 2019).

Hacia un sistema agroalimentario alternativo

De manera muy sucinta, se ha presentado que el problema de acceso a una alimentación adecuada, está fuertemente vinculado a un sistema alimentario que privilegia la ganancia económica, sin importar si las personas del campo y la ciudad están sanas, para transitar hacia un sistema alimentario alternativo, por lo tanto, se deben plantear escenarios diferentes vinculados con la producción, transformación y el consumo de alimentos, en donde el verdadero protagonismo se centre en la gente, para ello, es preciso impulsar un proceso de transición que permita de manera paulatina, dependiendo del tipo de agroecosistema y escala de producción, retomar una producción diversificada, con una pertinencia cultural desde una visión sistémica (Altieri et al, 2021), no es fácil, pero si posible. Para ello es preciso, promover la adaptación de estos sistemas alimentarios alternativos en los diferentes territorios y sus particularidades y su articulación con actores institucionales y sociales en redes multi-actor, con el fin de promover una co-producción de conocimientos locales (López et al, 2018; Le Coq, 2017).

Este proceso de transición, se propone se haga desde la agroecología, en donde se plantea que los modos de producción y consumo humano deben ser cambiados conjuntamente, promoviendo manejos ecológicos a través de formas colectivas de acción social (Sevilla y Soler, 2010; Marasas et al, 2014[3], Ariza, 2019), lo que supone un cambio en los valores y las formas de acción de los diferentes actores que participan en el proceso, en el modo en que se articulan, la manera en que producen y su vinculación con los recursos naturales, así la transición no sólo ocurre en la finca, sino también a nivel de la comunidad, así mismo, también es un proceso político, que necesariamente debe promover cambios en las relaciones de poder y que plantea un escenario de participación activa de los actores sociales involucrados (Gliessman et al., 2007), los procesos de transición agroecológica.

En otras palabras, y como propone Tittonell (2019), la transición hacia una producción de alimentos sustentable, a través de los principios de la agroecología requiere, no de una transición, sino de múltiples transiciones que pueden ocurrir a la vez, a diferentes escalas, niveles y dimensiones, así que los procesos para transitar hacia sistemas alimentarios alternativos deben abordarse desde lo productivo, lo social, lo biológico, lo económico, lo cultural, lo institucional y lo político.

Por ejemplo, al mismo tiempo que existe la necesidad de impulsar procesos de transición a nivel de finca para la conservación y mejora de la fertilidad de los suelos para una producción de alimentos más sustentable, pueden irse forjando procesos de transición a nivel familiar en términos de los roles y responsabilidades desde una perspectiva más equitativa y también pueden estar impulsándose políticas públicas que fomentan procesos de transición agroecológica a nivel de todo el país.

Para que estás transiciones agroecológicas sean posibles, se requiere de un conocimiento integral del territorio y de sus procesos socioecológicos para situarlos en el centro de la planificación, desarrollando dinámicas sociales y económicas adaptadas al lugar, tomando en cuenta los conocimientos y prácticas locales, como expresión de una co-evolución entre sociedad y medio ambiente, que se expresa de múltiples formas de vivir el lugar (Morán et al., 2016), por lo tanto la agroecología no debe verse como un conjunto de recetas, sino como una serie de principios aplicados de acuerdo con la realidad particular de cada agricultor/a y su territorio, que busca reducir la dependencia de insumos externos, y así contribuir a la autonomía de comunidades y familias productoras de alimentos, pero sobre todo libre determinación para definir lo que se quiere producir y consumir (Mier y Terán et al., 2018).

Así el proceso de transición hacia una alimentación adecuada, no es posible atenderlo desde un solo componente, de todos los que integran el sistema alimentario, sino más bien al contrario, cada elemento juega un papel fundamental para que ocurran estas transformaciones necesarias para el bien común. A este proceso le han llamado de múltiples maneras: masificación, expansión, amplificación, o territorialización de la agroecología, y que permite que en múltiples regiones de forma individual u organizados en redes, más personas apuesten a otras formas de producción y consumo (Mier y Terán et al., 2018).

Para que esto pase, deben promoverse de forma efectiva la participación de múltiples actores, incluyendo al estado, de tal manera que se generen condiciones para que estas transiciones agroecológicas ocurran y así se pueda ampliar en múltiples territorios, pero teniendo cuidado de que no se generen dependencias, sino más bien autonomías, para que se trascienda de los periodos de gobierno, consolidando las bases y estructuras sociales que permitan alcanzar la soberanía alimentaria (López et al., 2018; Giraldo y McCune, 2019), creando vínculos y sinergias intersectoriales e interescalares, para así incorporar los conocimiento y la capacidad de innovación de todas y todos los participantes (Morán et al., 2016), de tal manera que cada vez mayor cantidad de la población tanto del medio rural como urbano, pueda producir y acceder a alimentos saludables, nutritivos, diversos y ambientalmente compatibles y culturalmente apropiados (Mier y Terán et al., 2018).

Así las alternativas para estas transiciones agroecológicas hacia sistemas alimentarios alternativos deben atenderse desde múltiples dimensiones, Mier y Terán et al., (2018) proponen 8 elementos que llaman impulsores para que la agroecología pueda escalarse y en la que consideran:

1. 1. El reconocimiento de una crisis que motiva la búsqueda de alternativas,
2. 2. La organización social,
3. 3. Los procesos de aprendizaje constructivista,
4. 4. Las prácticas agroecológicas efectivas,
5. 5. Los discursos movilizadores,
6. 6. Los aliados externos
7. 7. Los mercados favorables y
8. 8. Oportunidades políticas y marcos políticos favorables.

En este contexto para en las prácticas agroecológicas efectivas autores como Altieri et al., (2021) sugieren atender temas como:

1. 1. Mejorar el reciclaje de biomasa y nutrientes
2. 2. Incremento de la materia orgánica y la actividad biológica
3. 3. Minimización de pérdidas de suelo, agua y agrobiodiversidad
4. 4. Diversificación de especies y recursos genéticos a nivel de finca y paisaje
5. 5. Incrementar las interacciones biológicas y benéficas entre componentes para promover procesos y servicios ecológicos

En la dimensión socioeconómica y sociopolítica Giraldo y McCune (2019) plantean impulsar:

1. 1. Escuelas de formación agroecológica lideradas por movimientos y organizaciones rurales.
2. 2. Procesos horizontales de intercambio de experiencias productivas tipo Campesino a Campesino.
3. 3. Mercados campesinos situados, y territoriales que promuevan una economía social y solidaria
4. 4. Programas de compras públicas de alimentos producidos de manera agroecológica;
5. 5. Reforma agraria, considerando que las mujeres también puedan acceder a la tierra de forma equitativa.
6. 6. Apoyo para la recuperación y el fortalecimiento de los sistemas locales de semillas
7. 7. Liberación de fondos para la investigación en agroecología.
8. 8. Programas públicos de enseñanza básica para la agroecología y carreras Universitarias asociadas a cambios en el currículo de la agronomía y otras carreras agropecuarias.

Estas propuestas nacen a partir del reconocimiento de múltiples experiencias que existen en muchas partes del mundo, así que los aprendizajes ya existen, el reto es su articulación a través de redes sociales que apoyándose, en coyunturas que pueden existir en las políticas públicas, permitan consolidar el trabajo que se ha venido haciendo, el camino es largo y con muchos retos, porque los intereses económicos de los grandes capitales están defendiendo sus ganancias, pero si se trabaja de forma articulada por el bien común, reconociendo las diferencias, pero desde ahí construir nuevas formas de vivir y estar en el territorio, poco a poco, pero sumando esfuerzos y haciendo alianzas desde abajo y de forma horizontal.

Referencias

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Notas